Uruguay podrá juzgar a los represores de la dictadura

La Corte declaró inconstitucional la Ley de Caducidad que libró de ser juzgados a los militares que violaron DD.HH. entre 1973 y 1985.

Tabaré Vázquez dio el primer paso para juzgar a los represores uruguayos. Lo apoyaron el Congreso y la Corte Suprema y el domingo busca el visto bueno de la población. (EFE)

Un fallo histórico de la Corte Suprema de Uruguay declaró inconstitucional la Ley de Caducidad, que libró de ser juzgados a los represores de ese país durante la dictadura militar que gobernó entre 1973 y 1985. En sintonía con este precedente judicial que permitirá juzgar a los militares hasta ahora protegidos, el domingo la medida sería avalada por un plebiscito nacional.

El máximo tribunal uruguayo dio un gran paso para acabar con la impunidad de los militares que violaron Derechos Humanos en el país vecino. Cuatro de los cinco jueces de la Corte Suprema votaron a favor de la inconstitucionalidad, para permitir el juicio por la muerte de la joven profesora Nibia Sabalsagaray, quien falleció en 1974 en un cuartel militar.

Según el veredicto, la norma viola la separación de poderes ya que no puede ser entendida como una ley de amnistía. Aducen que no fue aprobada como dicta la Constitución. Así, los tres poderes de Uruguay coinciden en apuntar contra la medida, ya que tanto el Poder Ejecutivo uruguayo como el Legislativo expresaran su opinión contraria a la Ley de Caducidad.

Ahora falta el visto bueno de la población. El próximo domingo, cuando se celebren las elecciones presidenciales, los votantes deberán manifestar su apoyo o negativa a la anulación de la norma.

El pasado febrero, las dos cámaras del Parlamento uruguayo entregaron a la Suprema Corte de Justicia su dictamen a favor de declarar inconstitucional esa norma, aprobada en 1986 y ratificada en 1989 en otro referendo.

La cámara actuó a raíz del planteamiento de inconstitucionalidad elevado por la fiscal Mirtha Guianze en base a la muerte de Sabalsagaray a manos de las fuerzas de represión de la dictadura. Previamente, el presidente Tabaré Vázquez excluyó el caso de Sabalsagaray de la Ley de Caducidad y permitió así su investigación.

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