La mano negra boliviana

El caso de los presuntos terroristas ejecutados en Santa Cruz se enreda sin salida pólitica y judicial - Los familiares piden una investigación internacional

Hace seis meses un operativo policial acabó con la vida de tres europeos en un hotel de la localidad boliviana de Santa Cruz. Desde entonces, los escollos políticos y judiciales están complicando las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, que no ha constatado la existencia de una conspiración para asesinar al presidente, Evo Morales, ni tampoco movimientos secesionistas regionales que motivaran la acción policial.

Escarmentados por discrepar
El pasado 16 de abril, el Gobierno boliviano denunció la presencia de terroristas para acabar con la vida de Morales; el vicepresidente, Álvaro García Linera, y el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, horas después de que una unidad de élite de la policía confirmara la muerte de tres europeos y la detención de dos personas tras un supuesto enfrentamiento armado en una habitación del hotel Las Américas.

La incursión policial acabó con la vida del boliviano-húngaro Eduardo Rozsa Flores, de 49 años; el irlandés Michael Dwyer, de 24, y el rumano Arpad Magiarosi, de 28, y permitió la detención del húngaro Elod Toazso y del boliviano-croata Mario Tadic, encerrados aún en una hacinada cárcel de La Paz a la espera de un juicio, probablemente bajo cargos de alzamiento armado. Los abogados de los familiares presionan a sus Gobiernos para que lleven el caso ante un tribunal internacional.

Otros tres bolivianos fueron detenidos bajo sospecha de complicidad. Uno de ellos, Ignacio Villa Vargas, un testigo clave en la investigación, se fugó tras implicar a líderes regionales y a empresarios de Santa Cruz en el supuesto complot separatista, aunque, antes de desaparecer, aseguró públicamente que fue presionado por la fiscalía para involucrarlos.

Para entonces, las autoridades gubernamentales señalaron que la misión del grupo liderado por Rozsa era respaldar la secesión de Santa Cruz si no se lograba poner en marcha el proceso de autonomía, al que se oponía el Gobierno de Morales.

El informe policial sobre la operación ejecutada en el hotel constataba la muerte instantánea de los tres europeos, sospechosos también de ser autores de un atentado contra la vivienda del cardenal Julio Terrazas. Sin embargo, los informes del forense y de los peritos y las fotografías de los cuerpos sobre charcos de sangre mostraron otra realidad: la policía los pilló literalmente en calzoncillos y los abatió a tiros.

Los diputados de la oposición, que integran un grupo de investigación de la Cámara Baja, adelantaron a los medios que no hubo tal enfrentamiento y que los disparos que impactaron en los cuerpos se dieron de arriba hacia abajo. El diputado Pablo Banegas señaló que daba la sensación de que fueron ejecutados, ya que no hubo fuego cruzado, y uno de los cuerpos tenía heridas de bala por la espalda. Sin embargo, esta teoría fue rechazada por las autoridades bolivianas.

"En realidad, los dejaron morir desangrados", afirmó el ex presidente del Tribunal Constitucional, Wilman Durán, durante una entrevista telefónica con EL PAÍS. El ex magistrado lamentó que la policía boliviana haya quebrantado "los protocolos elementales que tiene todo cuerpo policial en el mundo" al no prestar auxilio a los heridos. El hospital San Juan de Dios se encuentra a 200 metros del hotel.

La gravedad que mostraban los informes forenses quedó minimizada ante la ofensiva desplegada desde La Paz para que la investigación y el proceso judicial se cumplieran en la sede de Gobierno y no en la ciudad de Santa Cruz, escenario de los hechos.

La investigación fiscal se enfocó en buscar nexos entre Rozsa y los líderes regionales del oriente boliviano, muchos de los cuales se negaron a declarar en la sede de Gobierno y se enfrascaron en una batalla legal a fin de que el proceso se dirima en Santa Cruz. El forcejeo originó un conflicto entre jueces de ambos distritos que llegó a la Corte Suprema. El fallo supuso un mal trago para el Gobierno y anuncios de juicios a los magistrados bajo cargos de prevaricación.

Los parlamentarios opositores a Evo se quejaron de que la comisión de la Cámara de Diputados no haya terminado de redactar los resultados de sus pesquisas, debido al retraso del Ministerio Público en hacerles llegar copias de los documentos archivados en los ordenadores incautados en el hotel de Santa Cruz.

Una tercera vía de investigación, abierta por el presentador de televisión Carlos Valverde, logró perforar el hermetismo de la fiscalía de La Paz sobre el ordenador de Rozsa. El disco duro albergaba las respuestas a preguntas candentes, como la identificación de las personas que le invitaron a Bolivia, la misión que debía cumplir y las fuentes de financiación, entre otros asuntos.

Es precisamente de estos archivos de donde emerge la sospecha de que, a diferencia de la versión oficial, fueron hombres allegados al Gobierno boliviano los que contactaron con Rozsa, a quien la Embajada de Venezuela supuestamente pagó cinco pasajes bajo una de las identidades que utilizó en este país, según los documentos exhibidos por Valverde.

Carlos Valverde, uno de los presentadores bolivianos con mayor audiencia, hizo una relación de la correspondencia que, por correo electrónico, mantuvo Rozsa con sus contactos (cambas, como se llama a los oriundos de Santa Cruz) y, presuntamente, con funcionarios gubernamentales.

El vicepresidente Álvaro García Linera calificó de "burlesco, grotesco" y de "información falseada" la señalada por Valverde, quien dio a conocer el contenido de un par de estos correos electrónicos que datan de noviembre de 2008: uno de Rozsa al "camarada Linera" y el segundo, una respuesta firmada por "Álvaro".

La fiscalía de La Paz descalificó por falsas unas fotografías publicadas por la prensa local que retratan al ex comandante Walter Andrade, de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC), junto a Rozsa, un héroe de la guerra en Croacia, durante una comida en una casa en Santa Cruz. La policía dijo que Andrade estaba infiltrado en el grupo de presuntos mercenarios, cuya presencia fue detectada por los servicios de información del Estado boliviano en febrero, según fuentes oficiales.

Tras seis meses de indagaciones, filtración de informaciones y una batalla legal entre jueces de La Paz y Santa Cruz por controlar el proceso, lo que queda claro es que Rozsa se presentó en Santa Cruz como periodista y entrevistó para medios húngaros a numerosas autoridades civiles, militares, empresarios e industriales.

"Rozsa intentó, con cantos de sirena, enamorar a los cruceños para que se defiendan", señaló el ex magistrado Durán, e hizo notar que esos cantos llegaban cuando el departamento de Santa Cruz estaba cercado por los movimientos sociales del altiplano que rechazaban las corrientes autonómicas de la región, aunque ahora son los nuevos abanderados autonómicos.

De haber tenido éxito, el separatismo del que se acusa a Santa Cruz estaba condenado a "ser aplastado una y otra vez hasta que nadie levante cabeza", como advirtió el vicepresidente García Linera con énfasis en un discurso a la nación.

Santa Cruz, el primer departamento en importancia económica; Tarija, el mayor productor de hidrocarburos, y Beni y Chuquisaca mantienen el proceso autonómico pese a que han visto sustancialmente reducidos sus ingresos provenientes del impuesto a los hidrocarburos y a las transferencias hechas por el Gobierno a las alcaldías.

Así se ha neutralizado el enorme poder económico que iban a tener las prefecturas con la consiguiente proyección política de sus gobernadores -opositores al Gobierno- y de los líderes regionales que estaban desplazando a las figuras de los partidos políticos, en profunda crisis y grave descomposición.

Escarmentados por discrepar
La cultura de vida y paz que el Gobierno de Morales ha proclamado en tres años de gestión refleja más bien escalofriantes actos de intimidación desde los denominados movimientos sociales contra quienes discrepan con la visión, la posición y la opinión oficial.

En noviembre de 2007, miembros de milicias campesinas de los "ponchos rojos" mostraron ante las cámaras el horror del degüello de dos perros vivos colgados de un travesaño. Querían mostrar lo que iba a pasar con los líderes regionales si persistían en llevar adelante el proceso autonómico en oriente. Este año, el líder indígena movima Marcial Fabricano, que encabezó la marcha por una nueva Constitución incluyente en 1992, recibió una brutal paliza de parte de seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS). Poco después, declararon públicamente que estaban aplicando la justicia comunitaria para castigar la campaña que el líder indígena hizo en rechazo a la nueva Constitución y en apoyo al proceso autonómico de Beni.

El ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas fue sancionado por el mismo motivo. Confiscaron su casa y una turba golpeó a su esposa y a sus hijos tras expulsarlos violentamente de su vivienda, destinada ahora a la tercera edad.

La esposa del ex director de la Aduana César López fue atacada y golpeada por desconocidos en su casa. López denunció ante el Parlamento supuestos vínculos de protección desde el Ministerio de la Presidencia a una columna de 33 camiones con mercancía presuntamente de contrabando. El informe final aprobado por la mayoría oficialista del MAS en la Cámara de Diputados recomendó un proceso en contra del denunciante por omisión de deberes.

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