Declaran ilegal al brazo político de la ETA

La decisión fue adoptada por un tribunal de derechos humanos de la Unión Europea, que avaló la decisión de la Justicia española de impedir la actuación política de Batasuna

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló definitivamente la ilegalización de Batasuna, el brazo político de la organización terrorista ETA, según una resolución hecha pública hoy.

El tribunal, con sede en Estrasburgo (Francia), no admitió a trámite los recursos que la formación independentista vasca interpuso contra la decisión del Tribunal Supremo español, que la ilegalizó el 17 de marzo de 2003.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya avaló la decisión de la Justicia española el pasado 30 de junio, cuando consideró "proporcionada" la disolución e ilegalización de la formación abertzale.

En su resolución, el Tribunal de Estrasburgo comunica a Batasuna que decidió "no aceptar" su demanda de que la sentencia pase a la llamada Gran Sala, que estudia los casos más importantes y revisa las sentencias de las otras salas que son recurridas.

Así, esta decisión, adoptada por un colegio de cinco jueces, cierra la última vía que tenía Batasuna para que los tribunales se pronunciaran contra su ilegalización.

Esta formación fue ilegalizada el 17 de marzo de 2003 por el Tribunal Supremo en virtud de la Ley de Partidos vigente desde 2002 en España, que contempla la prohibición de las formaciones políticas que apoyen o amparen el terrorismo.

La Justicia española consideró que Batasuna era parte del entramado de ETA, organización terrorista surgida hace más de 40 años en el País Vasco que asesinó a más de 850 personas en su reclamo de independencia de esa comunidad autónoma del norte de España.

Un mes después de su ilegalización, Batasuna presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que en enero de 2004 decidió por unanimidad la ilegalización de Batasuna y de su antecesora HB.

Agotados todos los procedimientos en la Justicia española, en julio de ese año Batasuna interpuso dos recursos ante el Tribunal Europeo contra su ilegalización y la de HB.

Los demandantes se quejaron de que la Ley de Partidos se promulgó expresamente para proceder a su ilegalización y acabar con "la expresión política del independentismo vasco".

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