Clarin y los multimedios, enemigos número uno de la libertad de prensa

martes, 6 de octubre de 2009


“En un país empobrecido, los grandes diarios son órganos de dominio colonialista. El periodismo es quizás la más eficaz de las armas modernas que las naciones eventualmente poderosas han utilizado para dominar pacíficamente hasta la intimidad del cuerpo nacional y sofocar casi en germen los balbuceos de todo conato de oposición. Su acción es casi in denunciable porque fundamentalmente opera, no a través de sus opiniones sino mediante el diestro empleo de la información que por su misma índole no puede proporcionar una visión integral y sólo transfiere aquella parte de la realidad que conviene a los intereses que representa”.

Raúl Scalabrini Ortiz

El solo hecho de que el principal opositor a la propuesta del ejecutivo nacional sobre medios audiovisuales sea el grupo Clarín, comúnmente asociado a la prensa gráfica, indica a las claras el fenomenal grado de concentración y diversificación oligopólica que, en lamentable consonancia con todas las ramas de producción material y simbólica de la Argentina, ha sufrido la estructura multimediática a partir de 1976.

El grupo homónimo al “gran diario argentino” es un típico ejemplo. Posee grandes intereses en distintos diarios nacionales y provinciales, editoriales, radios am y fm en todo el país, revistas, televisoras abiertas provinciales y nacionales, televisación por cable y satelital, señales de cable, productoras deportivas, cinematográficas y de contenidos para televisación abierta y por cable, sitios de internet, y el control de Papel Prensa, insumo decisivo para toda la prensa gráfica nacional, entre otros.

El romance entre el grupo y el ejecutivo se prolongó durante toda la recomposición semicolonial del periodo 2003-2007, pero la desenfadada ofensiva agroexportadora transformo las rosas en espinas. Luego de ceder en sucesivas ocasiones a los intereses del grupo, el oficialismo sintió en carne viva la ingratitud del establishment local, dispuesto a aplaudir cuando se defienden sus intereses pero implacable frente a cualquier dislate “populista”.

Es que en los límites del progresismo pequeño burgués que lo anima, los avatares entre el kirchnerismo y el bloque dominante tensan la relación entre poder y gobierno a límites que obligan a este último a orientarse hacia medidas democratizadoras elementales. La política de “desendeudamiento” lo empuja a terminar con el régimen de saqueo de las AFJP, la escalada de los precios internacionales de las oleaginosas lo ilusiona con ampliar su margen en el festival de la sojización, una descarnada coyuntura de ofensiva mediática lo predispone a cuestionar los fundamentos jurídicos que regulan a los medios de comunicación.
Las limitaciones del proyecto presentado por el ejecutivo se inscriben en este cuadro. Se cierra el mercado mediático a los prestadores de servicios públicos pero se excluye explícitamente a las telefónicas, núcleo del capital extranjerizado con obvias ventajas comparativas para reoligopolizarlo. Se prohibe la asociación de empresas locales con corporaciones extranjeras, pero se exceptúa de esa claúsula a los capitales foráneos comprendidos en los acuerdos de reciprocidad firmados en gran cantidad por el menemismo en los 90. Se sostiene la necesidad de garantizar la representatividad y diversidad de los contenidos, pero se sostiene a la desacreditada partidocracia local como eje de las autoridades de aplicación y regulación. Inexplicablemente, se excluye del proyecto a los medios gráficos.

No hay lugar, sin embargo, para las objeciones histéricas de ADEPA o los cacareos cipayos de la oposición en pos de la “libertad de prensa”. Hipócritas paladines de una “pluralidad” de medios que por una innumerable variedad de canales amplifica a la misma voz: la de los grupos más concentrados de la economía nacional y global.

En este último sentido parecen orientarse también las exigencias de posponer el debate parlamentario hasta diciembre para respetar la “voluntad popular” emergida a partir de las últimas elecciones. Es obvio que la futura composición de las cámaras legislativas no permitirá orientar a la nueva ley de acuerdo a los intereses populares, sino que tenderá a agudizar sus aristas más conservadoras.

Es que en definitiva, tras las razones subjetivas que encaminan una política errática orientada por los más mezquinos intereses partidocráticos, la posibilidad de modificar la ley de medios heredada por la dictadura abre un auspicioso escenario para una amplia diversidad de organzaciones populares reducidas, desde hace décadas, a una persistente represión, además de material, simbólica.

Más allá de las formalidades y las obvias limitaciones que tendrá la nueva ley, los resultados concretos de su aplicación dependerán de las estrategias que los sectores populares ensayen en cada rincón del país para capitalizar un marco jurídico que, en cualquiera de sus variantes potenciales, superará con creces al impuesto por la contrarrevolución emergente a partir de marzo de 1976.

fuente: izquierdanacional.org

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