Accedió a limitar la participación de las empresas telefónicas en el negocio de la televisión por cable. También reformularía levemente la autoridad de aplicación. El oficialismo aspira a emitir dictamen el próximo martes.
Con el objetivo de sumar en su cruzada a los opositores de centroizquierda, el oficialismo terminó de delinear anoche una serie de cambios a la versión original del nuevo proyecto de ley de Radiodifusión que envió Cristina Fernández de Kirchner al Congreso. Entre las modificaciones, hay restricciones al ingreso de las empresas telefónicas en el mercado del cable –las obligará a resignar un 15 por ciento de la red si quieren ingresar en el negocio– y retoques en la autoridad de aplicación, dos de los ejes más cuestionados, según confiaron a Crítica de la Argentina altas fuentes de la bancada K.
Con estas concesiones, el plan del oficialismo es emitir dictamen con “el mayor consenso posible” el próximo martes, cuando se vuelva a reunir el plenario de las comisiones de Comunicaciones, Presupuesto y Libertad de Expresión, donde se discute la iniciativa. Al día siguiente, se pediría una sesión especial para luego tratar el proyecto en el recinto.
En este escenario, la Cámara de Diputados daría media sanción a la ley el 16 de septiembre, un día que especialmente entusiasma a Agustín Rossi, jefe del bloque oficialista, quien por estas horas recuerda esta fecha simbólica por partida doble: en 1955, fue la llamada Revolución Libertadora que derrocó a Juan Perón y, en 1976, ocurrió la Noche de los Lápices.
El “operativo seducción” busca conseguir las voluntades de los diez diputados que integran en bloque del Partido Socialista y de otros 16 legisladores de diversas fuerzas progresistas. El kirchnerismo cuenta con 108 legisladores propios, más un puñado de aliados provinciales.
Como punto de partida, el kirchnerismo está dispuesto a limitar el artículo 25, en su apartado III, más conocido como el considerando que les abre el juego a Telecom y Telefónica. Por un lado, obligará a las compañías de teléfono a ceder el 15 por ciento de su red en una localidad en la que pretenda convertirse en operador de cable. Es decir, las intimará a desinvertir en su rubro y a dejar ese tendido en otras manos. En segundo lugar, incorporará una cláusula que permita su ingreso después de tres años de sancionada la norma. Este había sido un pedido expreso hecho anteayer por los diputados Ariel Basteiro, Vilma Ibarra y Victoria Donda, de Encuentro Popular y Social.
El bloque oficialista reformuló la composición de la autoridad de aplicación, aunque quedó lejos de los reclamos opositores que pretendían que el órgano fuera autárquico. Se sacó el cuerpo de la órbita de la Secretaría de Medios –oficina encargada de repartir la pauta oficial y que funciona como vocera presidencial– y pasó directamente a depender de la Jefatura de Gabinete. Además, modificó su composición de cinco a seis miembros: a los tres directores designados por el Poder Ejecutivo y a los dos elegidos por la Comisión Bicameral que funcionará en el Parlamento se sumará uno más en representación del Consejo Federal, un organismo integrado por todas las provincias.
Habrá que ver –y esto especulaban algunos diputados de la oposición– si estos nuevos articulados, principalmente los vinculados a las telefónicas, por su redacción en el texto, podrán ser vetados por el Ejecutivo. En ese caso, el Congreso debería juntar dos tercios de sus miembros para volver a insistir en su versión, algo que jamás ocurrió durante la era K. En el sector progresista, las modificaciones fueron bien recibidas por el Encuentro Popular y Social (5) y el bloque de Solidaridad e Igualdad (9). La postura de los socialistas (10) se resolverá hoy, cuando se reúna el Comité Ejecutivo Nacional del partido en pleno centro porteño, una cita a la que acudirá el gobernador santafesino Hermes Binner. “Queremos que salga una buena ley, nada más”, dijeron ayer desde el socialismo, minimizando el impacto político que acarrearía –en caso de apoyarla– que la imagen de Binner quedara pegada a la de los Kirchner.
Con el objetivo de sumar en su cruzada a los opositores de centroizquierda, el oficialismo terminó de delinear anoche una serie de cambios a la versión original del nuevo proyecto de ley de Radiodifusión que envió Cristina Fernández de Kirchner al Congreso. Entre las modificaciones, hay restricciones al ingreso de las empresas telefónicas en el mercado del cable –las obligará a resignar un 15 por ciento de la red si quieren ingresar en el negocio– y retoques en la autoridad de aplicación, dos de los ejes más cuestionados, según confiaron a Crítica de la Argentina altas fuentes de la bancada K.
Con estas concesiones, el plan del oficialismo es emitir dictamen con “el mayor consenso posible” el próximo martes, cuando se vuelva a reunir el plenario de las comisiones de Comunicaciones, Presupuesto y Libertad de Expresión, donde se discute la iniciativa. Al día siguiente, se pediría una sesión especial para luego tratar el proyecto en el recinto.
En este escenario, la Cámara de Diputados daría media sanción a la ley el 16 de septiembre, un día que especialmente entusiasma a Agustín Rossi, jefe del bloque oficialista, quien por estas horas recuerda esta fecha simbólica por partida doble: en 1955, fue la llamada Revolución Libertadora que derrocó a Juan Perón y, en 1976, ocurrió la Noche de los Lápices.
El “operativo seducción” busca conseguir las voluntades de los diez diputados que integran en bloque del Partido Socialista y de otros 16 legisladores de diversas fuerzas progresistas. El kirchnerismo cuenta con 108 legisladores propios, más un puñado de aliados provinciales.
Como punto de partida, el kirchnerismo está dispuesto a limitar el artículo 25, en su apartado III, más conocido como el considerando que les abre el juego a Telecom y Telefónica. Por un lado, obligará a las compañías de teléfono a ceder el 15 por ciento de su red en una localidad en la que pretenda convertirse en operador de cable. Es decir, las intimará a desinvertir en su rubro y a dejar ese tendido en otras manos. En segundo lugar, incorporará una cláusula que permita su ingreso después de tres años de sancionada la norma. Este había sido un pedido expreso hecho anteayer por los diputados Ariel Basteiro, Vilma Ibarra y Victoria Donda, de Encuentro Popular y Social.
El bloque oficialista reformuló la composición de la autoridad de aplicación, aunque quedó lejos de los reclamos opositores que pretendían que el órgano fuera autárquico. Se sacó el cuerpo de la órbita de la Secretaría de Medios –oficina encargada de repartir la pauta oficial y que funciona como vocera presidencial– y pasó directamente a depender de la Jefatura de Gabinete. Además, modificó su composición de cinco a seis miembros: a los tres directores designados por el Poder Ejecutivo y a los dos elegidos por la Comisión Bicameral que funcionará en el Parlamento se sumará uno más en representación del Consejo Federal, un organismo integrado por todas las provincias.
Habrá que ver –y esto especulaban algunos diputados de la oposición– si estos nuevos articulados, principalmente los vinculados a las telefónicas, por su redacción en el texto, podrán ser vetados por el Ejecutivo. En ese caso, el Congreso debería juntar dos tercios de sus miembros para volver a insistir en su versión, algo que jamás ocurrió durante la era K. En el sector progresista, las modificaciones fueron bien recibidas por el Encuentro Popular y Social (5) y el bloque de Solidaridad e Igualdad (9). La postura de los socialistas (10) se resolverá hoy, cuando se reúna el Comité Ejecutivo Nacional del partido en pleno centro porteño, una cita a la que acudirá el gobernador santafesino Hermes Binner. “Queremos que salga una buena ley, nada más”, dijeron ayer desde el socialismo, minimizando el impacto político que acarrearía –en caso de apoyarla– que la imagen de Binner quedara pegada a la de los Kirchner.
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