Corte Suprema de Honduras "prohíbe" salida del país a militares golpistas

Jorge Rivera presidente de la Corte Suprema de Justicia hondureña anunció la prohibición de salida del país a la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, al término de la audiencia por la expatriación del presidente constitucional, Manuel Zelaya, anunciaron fuentes judiciales.

De tal suerte que la acusación de la Fiscalía se basa en que la Constitución hondureña prohíbe la expatriación.

'La medida resulta a todas luces insuficiente, y por ello es una acción únicamente para mejorar la imagen de un Estado golpista, porque realmente la Corte Suprema de Justicia que avaló la asonada golpista no puede controlar los vuelos aéreos ni terrestres de las fuerzas armadas pues no es competente jurídicamente' estimó telefónicamente desde Honduras un miembro del Frente de la Resistencia Hondureña.

Por otra parte, la constitucionalidad en Honduras ha demostrado fuertes visos contradictorios, que a todas luces hablan de intereses transnacionales, en un país dominado por fuerzas hegemónicas que legitiman golpes de Estado, elecciones inconstitucionales y una falsa continuidad democrática, surge un Congreso dominado por quienes respaldaron el golpe, que recientemente nombró “presidente constitucional” y “diputado vitalicio” a Micheletti, quien presidía ese poder de la República.

Por eso no es de extrañar que la Corte Suprema de Justicia en este acto busque legitimar las acciones de una institución desacreditada al prohibir la salida del país a los seis oficiales que integran la Junta quienes se deben presentar a firmar todos los meses el libro de registro en la secretaría de la Corte, según lo comunicó el juez especial en la causa contra los militares, Jorge Rivera, al fiscal del caso, Marcio Cabañas, y los abogados defensores Dagoberto Mejía y Juan Carlos Sánchez.

Los seis oficiales son: el jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto, generales Romeo Vásquez y Venancio Cervantes, respectivamente; además de los jefes del Ejército, general Miguel Ángel García Padgett; de la Fuerza Aérea, general Luis Javier Prince, y de la Fuerza Naval, contraalmirante Juan Pablo Rodríguez, y el inspector general de las Fuerzas Armadas, general Carlos Cuéllar.

Los militares fueron acusados el 6 de enero por el Ministerio Público de abuso de autoridad y expatriación.

Señala una nota de AFP, que la acusación de la Fiscalía se basa en que la Constitución hondureña prohíbe la expatriación de ciudadanos de ese país.

'El Ministerio Público todavía tiene (tiempo) para estudiar la medida y el término legal para poder interponer un recurso, si lo consideramos necesario', aseguró este viernes el fiscal Cabañas al tiempo que indicó que espera que el juez ordene la detención de los imputados.

Los seis militares se abstuvieron de declarar 'por estrategia' ante el juez pese a tratarse de una 'audiencia de declaración de imputado', según le indicó el abogado Mejía.

Antes de esa acción de la Corte, la cual comenzó luego de la visita de un alto enviado estadounidense de la Casa Blanca a Tegucigalpa, ya había comenzado una demanda ante la Corte Penal Internacional interpuesta por abogados europeos contra los altos oficiales y cabecillas civiles del golpe de Estado que secuestraron a Zelaya y lo llevaron a Costa Rica y para lo cual contaron con testimonios de soldados y oficiales de bajo rango participantes en los hechos, según se dio a conocer recientemente por medios digitales.

fuente: abn.info.ve