El juez federal Sergio Torres pidió a España la extradición del piloto de los "vuelos de la muerte"

Se trata del teniente de fragata Julio Poch. Es por su presunta participación en casi un millar de casos de violaciones a los derechos humanos en la órbita de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.

Poch declarará el 6 de octubre ante la justicia española en el marco del proceso de extradición a Argentina, informaron ayer fuentes judiciales.

Según fuentes judiciales, el represor imputado entre otros casos en los que tuvieron como víctimas a la joven sueca Dagmar Hagelin, a las monjas francesas Alice Domón y Leonie Duquet y al periodista Rodolfo Walsh, habría participado en los llamados "vuelos de la muerte", en los que desde aviones se arrojaban cuerpos humanos al Río de la Plata.

El oficial retirado de la Armada fue detenido hace una semana en el aeropuerto de la ciudad de Valencia-Manises, de España, debido a una orden internacional de captura dictada por el magistrado argentino.

Poch se encuentra en prisión provisional y sin fianza desde el pasado 23 de septiembre, tras ser arrestado en el aeropuerto de Manises en Valencia y será trasladado a Madrid para comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, quien el próximo martes, previsiblemente, ratificará su situación procesal e iniciará los trámites para su extradición.

Para pedir la extradición el juez Torres, de acuerdo a los requisitos que establecen las normas sobre la materia, debió dictar el procesamiento de Poch, como presunto partícipe de centenas de casos de imposición de tormentos -algunos seguidos de muerte- y privaciones ilegales de la libertad agravadas.

De acuerdo a constancias del sumario que se instruye con la intervención del secretario federal Pablo Yadarola, Poch se desempeñó como aviador naval en la Armada Argentina desde 1976 hasta fines de 1980.

Torres viajó a Holanda, donde Poch trabajaba como aviador civil, para interrogar a varios testigos que dieron datos claves sobre el imputado.

Fue el piloto Tim Eisso Weert, de la línea aérea "Transavia", quien al declarar como testigo dijo que conocía a Poch como un compañero de trabajo en esa empresa, a la que había ingresado en base a la experiencia adquirida en la Argentina, por lo que no precisaba adquirir horas de vuelo para su contratación.

El testigo afirmó que durante una conversación mantenida con Poch, el 2 de diciembre de 2003 en un restaurante de la isla Bali, el imputado le contó que había ocasiones en las que desde un avión o helicóptero "se echaba fuera de la borda a personas con vida con el fin de ejecutarlas", porque "se trataba de terroristas".

El testigo dijo que Poch justificó esos hechos "opinando que era una manera humana de ejecutar a la gente" ya que "estaban drogados".

Otros compañeros de trabajo de Poch también refirieron haber hablado con el imputado sobre los "vuelos de la muerte" y escuchado las explicaciones que daba sobre el accionar militar en aquella época, porque había una "guerra" contra el terrorismo.

Un copiloto de Poch, en un vuelo de larga duración, sostuvo ante el juez y su secretario que el represor aludió a la dictadura de Jorge Rafael Videla y señaló que "ellos deberían haber matado a todos" los subversivos.

El declarante agregó que Poch admitió haber tenido "cierta responsabilidad" porque "cuando uno vuela con personas a bordo la responsabilidad es del piloto".

También fue tomado como elemento de prueba el libro "El vuelo" del periodista Horacio Verbitsky, inspirado en una entrevista que el autor mantuvo con Adolfo Francisco Scilingo, quien describió cómo fueron y quiénes participaron de aquellos operativos.

Scilingo contó para el libro que las órdenes de arrojar prisioneros al mar las recibió en una primera oportunidad del almirante Luis María Mendía en el año 1976, quien a modo de discurso les dijo que "con respecto a los subversivos que fuesen condenados a muerte o que se decidiesen eliminarlos iban a volar".

Como elementos de prueba contra Poch, Torres evaluó también declaraciones testimoniales de sobrevivientes de la ESMA que relataron los comentarios que escucharon en ese centro clandestino de detención sobre los "vuelos de la muerte" para eliminar a detenidos.

Torres afirmó que la causa penal no está prescripta, porque los hechos que se pretende juzgar, como la desaparición forzada de personas, la imposición de tormentos (seguidos de muerte) y privaciones ilegítimas de la libertad, constituyen delitos de "lesa humanidad".

La extradición de Poch fue requerida al "Señor Juez Penal en turno del Reino de España, que por jurisdicción corresponda", de acuerdo a lo previsto por la ley 23.708 "Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal" firmado entre ambas naciones.

Cuando la documentación que sustenta el pedido de extradición llegue a España, Poch será interrogado sobre si acepta ser trasladado a la Argentina y, en caso negativo, comenzará un trámite judicial para determinar si corresponde o no acceder al pedido de Torres.

El 23 de septiembre, en el ámbito de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el canciller Jorge Taiana agradeció a su par holandés, Bernard Bot, las gestiones realizadas que permitieron la detención de Poch en España, dado que el marino posee la doble nacionalidad argentino-holandesa.

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