El oficialismo aceptó más cambios en la ley y logró que entre a Diputados

Luego de excluir a las telefónicas, el bloque K garantizó un ente autárquico. Debatieron los cambios y aunque la UCR se retiró de la sala, con el despacho firmado el proyecto entra este miércoles al Congreso. Telefónica salió al cruce.

El oficialismo avanzó esta noche en un plenario de comisiones en la firma del dictamen del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que será tratado a partir de mañana en el recinto de la Cámara baja en el marco de una sesión especial que fue solicitada para las 10 de la mañana.

El plenario se inició poco después de las 14,30, con la lectura de las modificaciones impulsadas por el oficialismo, que se extendió por más de tres horas, tras lo cual se decidió pasar a un cuarto intermedio de una hora y media para que los legisladores tengan tiempo de analizar los cambios. Pasadas las 19, los diputados de las comisiones de Comunicaciones, Presupuesto y de Libertad de expresión retomaron el debate pero cerca de las 23, el radicalismo se retiró de la sala argumentando que no había quórum para firmar el dictamen de mayoría necesario.

La presidenta de la comisión de Libertad de Expresión, la radical Silvina Giudici, dijo que su bloque se retiraba porque no estaba de acuerdo con la metodología que implementaba el oficialismo de buscar las firmas de los diputados en sus despachos para el dictamen cuando el quórum debería haberse dado en la sesión.

La mayoría de los cambios realizados al proyecto original fueron consensuados con los bloques de Encuentro Popular y Social, Solidaridad e Igualdad, el Partido de la Concertación y el socialismo. La principal modificación a la norma impulsada por el oficialismo y anunciada este lunes por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue la eliminación de la participación de las empresas de telefonía nacional en la explotación de señales televisivas, con la salvedad de las cooperativas telefónicas del interior del país.

Sobre el tema, la empresa Telefónica sentó este martes su posición en un comunicado: "La decisión de excluir a las empresas de telecomunicaciones de brindar servicios convergentes va a contramano de lo que sucede en países como Estados Unidos, Alemania, Brasil, Chile, entre otros" y agregó que "sin duda se abre una brecha entre la Argentina y su futuro".

MÁS CAMBIOS. Otro de los cambios está vinculado con la conformación de la Autoridad de Aplicación que pasará de 5 (como establecía la redacción original) a 7 miembros: 2 por el Poder Ejecutivo, 3 propuestos por la comisión bicameral de seguimiento de la comunicación audiovisual (uno por la primera minoría, otro por la segunda y el último por la tercera minoría) y 2 por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.

Asimismo, la Autoridad de Aplicación, cuyos miembros tendrán una duración en el cargo de 4 años -que deberán ser renovados dos años antes de la finalización del mandato presidencial- será un organismo autárquico y descentralizado, en el ámbito del Poder Ejecutivo y no en el de la Secretaría de Medios de la jefatura de Gabinete de Ministros.

La remoción de los miembros de la autoridad de Aplicación, asimismo, deberá ser aprobada por los dos tercios del total de los integrantes del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.

Por otro lado, se acordó que, en lugar del 20 por ciento de producción local independiente sea del 30 por ciento, cuando se trate de estaciones localizadas en ciudades con más de un millón quinientos mil habitantes. En tanto, cuando se encuentren en poblaciones de más de 600 mil habitantes deberán emitir un mínimo del 15 por ciento de producción local independientes y un mínimo de 10 por ciento en otras localizaciones.

A través del proyecto se crea además una comisión bicameral de control de la autoridad de aplicación, un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y la figura del Defensor Público de consumidores de servicios audiovisuales.

LAS REPERCUSIONES. Los cambios realizados por el oficialismo obtuvieron una fuerte oposición por parte de la centro-derecha del PRO y buena adhesión desde la centro-izquierda. Estas son algunas de las declaraciones en torno al debate de Diputados.

El diputado porteño de Proyecto Sur, Claudio Lozano, se mostró satisfecho pero precavido: "Hay que ver cómo se plasman (los cambios) en los hechos. Estoy acostumbrado a que desde el Gobierno se diga una cosa y se haga otra”.

El diputado nacional del Partido Socialista, Jorge Rivas festejó los cambios, ya que “demuestran que el Gobierno está atento a las críticas racionales”. Además, aprovechó para pegarle a Cleto Cobos: “Es condenable por demagógico y oportunista”, dijo a raíz de las declaraciones del vicepresidente sobre revisar la ley luego del 10 de diciembre.

Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San Luis, cree que el Gobierno dijo que “el debate muestra una Argentina en un plano realmente decadente, porque para avanzar sobre este proyecto hay que preguntarle a las provincias, dado que la Constitución lo dice expresamente en el artículo 32 que de ninguna manera pueden el Congreso dictar leyes que restrinjan la libertad de prensa o establezca la jurisdicción federal”.

Martín Sabbatella, diputado nacional electo por el Partido Encuentro: "Se eliminó la posibilidad de que las telefónicas conformen un futuro monopolio y se democratizó la conformación de la autoridad de aplicación. Sin dudas, estamos ante un muy buen proyecto, enriquecido con las propuestas hechas por los bloques de centroizquierda".

Héctor Polino, ex diputado socialista, coincidió con no permitir que las telefónicas presten servicios de radiodifusión. Propuso reconocer “el carácter de servicio público, (...) establecer una autoridad de aplicación autónoma, federal y social, y con control parlamentario". Además pidió que sea regulada la pauta oficial.

La diputada peronista Graciela Camaño firmará un dictamen propio que será acompañado por el PJ disidente y que contempla algunas diferencias en lo referido a la autoridad de aplicación y el tiempo para que los actuales licenciatarios se desprendan de algunos medios de acuerdo al orden establecido por la nueva normativa.

Desde la Coalición Cívica, el bonaerense Juan Carlos Morán, destacó el hecho de que "se hayan excluido a las empresas telefónicas de la posibilidad de ingresar al mercado audiovisual", aunque justificó la firma de un dictamen diferenciado al del oficialismo "porque hay cosas que no quedan claras, como por ejemplo el tema de las mayorías parlamentarias para integrar el organismo de aplicación de la ley".

La radical Silvana Giudici dijo que su bancada firmará "un dictamen que reúna los consensos por los cuales el radicalismo trabaja desde 1983, porque coincidimos en que a esta ley hay que cambiarla, pero por un texto por el cual todos sepan a qué atenerse".

Una de las aliadas del kirchnerismo, la diputada Cecilia Merchán, de Encuentro Popular y Social, justificó el apoyo de los cinco integrantes de se bloque al señalar que "el tema hace 26 años que se está debatiendo y fue analizado en foros encabezados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que curiosamente nunca ocuparon ni dos renglones en los principales diarios del país".

fuente: criticadigital.com