Denuncian paralización de causas de la dictadura

Familiares de víctimas denunciaron que se dictó la falta de mérito para cuatro represores y con "distintas argucias técnicas" se paralizaron los juicios.

Familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura militar en la provincia de San Luis, denunciaron que con "distintas argucias técnicas", se paralizaron las causas que debían seguirse por parte de la Justicia Federal puntana.

Segundo y Francisco "Pancho" Ledesma, padre y hermano respectivamente de Pedro Valentín, desaparecido durante la dictadura, señalaron que "tras casi un año de la condena ejemplar del Tribunal Oral Federal de San Luis", que terminó con dos militares y tres policías condenados a reclusión perpetua, las compulsas que se abrieron para los restantes responsables están en "vía muerta".

Señalaron que los integrantes de la cúpula militar que acompañó a Miguel Angel Fernández Gez en su paso por el Comando de Artillería con asiento en San Luis el juez federal de primera instancia, Juan Maqueda, dictó la falta de mérito para los cuatro investigados.

"Maqueda resolvió en un fallo vergonzoso dejar en libertad a 4 represores que son los principales impulsores del plan sistemático de desaparición y torturas de personas en Cuyo, como son Tamer Yapur -que hoy está siendo llevado a juicio por los mismo hechos en Mendoza- y los represores miembros de la plana mayor Daract, López y Quiroga", enfatizó Francisco y que luego de dictar la falta de mérito, el juez se apartó de la causa.

Agregó que "eso demuestra que en San Luis, tanto el juez como la fiscal (que también se excusó), con argucias técnicas buscan apartarse de la investigación o excusarse invocando no poder continuar con las causas, cuando en realidad han demostrado que no se quiere ir a fondo con todos los que participaron del crimen de Pedro".

Según el menor de los Ledesma, el juez, "deliberadamente partió de hechos falsos para llegar a conclusiones falsas que le permitieron llevar a cabo su intención de liberar a los 4 genocidas".

Sostuvo que "en ese contexto, se suma que en diciembre fueron liberados por la Cámara Federal de Mendoza dos genocidas más que son el Capitán Godoy, torturador como Pla, y el represor del Ejército, Alemán Urquiza, que fue precisamente a la Cámara que los organismos de Derechos Humanos de aquella provincia denunciaron ante el Consejo de la Magistratura por liberar represores en los juicios de allá".

Los Ledesma señalaron que, de ser necesario, recurrirán a tribunales internacionales para que se llegue a fondo con la causa por la desaparición de Pedro Valentín, secuestrado de las manos del padre por un grupo de tareas, luego de ser liberado en una comisaría de la capital puntana el 23 de septiembre de 1976.

Como se recordará, el 12 de marzo de 2009 el Tribunal Oral Federal de San Luis, integrado por los jueces Raúl Rodríguez, Roberto Burad, Roberto Nacif y Héctor Cortez (suplente) condenaron con prisión perpetua e inhabilitación de por vida a los militares Miguel Angel Fernández Gez y Carlos Pla, jefe del Comando de Artillería y Subjefe de la Policía de la provincia en 1976, respectivamente.

También resultaron sentenciados, los policías Víctor David Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Orozco, integrantes del Departamento de Informaciones D2, que actuaba en la denominada "lucha contra la subversión" en ese período.

Los represores fueron condenados en la causa que investigó el asesinato de Graciela Fiochetti, las desapariciones y asesinatos de Pedro Valentín Ledesma y "Sandro" Santana Alcaráz y los tormentos sufridos por Víctor Carlos Fernández cuando estuvo detenido y que finalmente logró sobrevivir.

El Tribunal Oral hizo también lugar al pedido de compulsa que realizaron la querella y la fiscalía y los integrantes de la plana mayor que en 1976 estaba al frente del GADA 141 y el Comando de Artillería 141.

Igual suerte corrió el ahora ex camarista mendocino Carlos Martín Pereyra González, que en ese año era Secretario del Juzgado Federal de San Luis, y también se ordenó la investigación del ex juez Federal de San Luis, Eduardo Allende por sus actuaciones en ese momento.

Una nueva causa se abrió también para el ex jefe del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, ya que de él dependía el área 333 con asiento en San Luis.

El Tribunal también ordenó la investigación del ex obispo de San Luis, Juan Rodolfo Laise, ya que uno de los imputados, Miguel Angel Fernández Gez lo acusó de haberle pedido que hiciera desaparecer a un sacerdote que estaba enfrentado con el prelado; todas estas causas que están hoy en vía muerta.

fuente: criticadigital.com