Alternativas

El espionaje ilegal es parte del sordo conflicto en la famiglia Macri-Calcaterra, que enfrenta a Franco Macri y sus dos hijas con sus tres hijos. La crisis desatada confronta dos modelos de policía y probablemente de sociedad. Novedades en la causa más politizada de la justicia federal. La despenalización de calumnias e injurias paralizará las causas de Stiuso contra Clarín y La Nación.

Por Horacio Verbitsky
El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¿es un perverso que armó una estructura de inteligencia ilegal o un boludo, porque se la plantaron? Que Macri no haya podido instalar una hipótesis alternativa mejor que éstas ilustra sobre el estrecho margen de maniobra que le queda.

El nombre que incrimina en forma directa al jefe de gobierno es el de su cuñado. La interpretación general fue que lo había hecho incluir en la lista de escuchas a pedido de su padre, Franco Macri, quien no se privó de escribir que consideraba a su yerno un cazafortunas que sedujo a su ingenua hija Sandra. Quienes conocen el intrincado hilo de las relaciones familiares opinan que, por el contrario, el espionaje al cuñado no refleja la cooperación sino el conflicto entre el jefe de gobierno y su padre. Aunque se oponía al lanzamiento político de su hijo, Franco aceptó ceder a su sobrino Angelo Calcaterra las empresas constructoras e inmobiliarias en las que Maurizio era el director ejecutivo, para disimular el conflicto de intereses. Pero en cuanto Franco le cedió IECSA a Calcaterra a cambio de las utilidades de diez años, la constructora italiana Ghella compró parte de la empresa. Desde entonces se ha convertido en un gran contratista de obra pública en la Ciudad. Franco cree que antes de esa operación, Maurizio y Angelo operaron un traspaso accionario en Ghella, para desplazarlo a pesar de lo que considera una actitud generosa de su parte. Angelo es el actual jefe del clan familiar. Franco se ha retirado del país y sólo dirige los negocios nuevos en China, donde vive la mayor parte del año. Desde allí disputa con Maurizio por el control de Socma y SIDECO, donde el jefe de gobierno delegó el manejo cotidiano en Leonardo Maffioli, con perdón de la palabra. Cada uno arrastró a una parte de la famiglia. Junto con Maurizio se alinearon sus hermanos menores, Gianfranco Macri y Mariano Macri, cuya multioperada exposa también denunció padecer escuchas. Franco, en cambio, conservó la adhesión de las dos hermanas de Maurizio, Sandra y Florencia. Las escuchas al parapsicólogo son una fuente de información valiosa sobre esta guerra de intereses, que ambos bandos estuvieron a punto de dirimir en los tribunales. Lo evitaron cuando los primeros escritos ya estaban preparados, porque entendieron que la publicidad sería letal para todos.

Golpe a golpe

La designación como jefe de policía del comisario Fino Palacios fue una decisión personal de Macri, que el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, no pudo resistir. Montenegro ocupó ese cargo a sugerencia de la entonces vicejefa Gabriela Michetti, lo que postergó a Eugenio Burzaco, por quien se inclinaba el jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta. En conversaciones con su amigo de adolescencia de Mar del Plata, Amado Boudou, Montenegro no ocultó entonces su desazón. Su paso por la justicia federal le sirvió para advertir que el procesamiento de Palacios por encubrimiento en la causa del atentado contra la AMIA era inevitable. Cuando la dirigencia judía se lo dijo, Macri les respondió, con una insensibilidad que los escandalizó, que no deberían ser prejuiciosos “porque ése es el camino que conduce a Auschwitz”. Agregó que conoce a Palacios desde 1991, cuando intervino en el equipo que detuvo a sus secuestradores. Ahí está el origen del problema. El jefe de ese grupo, comisario Carlos Sablich, fue procesado por torturar a uno de los detenidos por ese secuestro, quien en consecuencia recuperó la libertad. También participó en el esclarecimiento del secuestro de la hermana menor, Florencia Macri. Otro miembro de ese grupo, que Palacios integró a la policía de la Ciudad, está procesado en la misma causa: el comisario Roberto Ontivero. Fue el último despedido, por ahora. Macri visitó a Sablich cuando fue detenido en 2007 y reclamó su libertad en la tribuna de la charlista Susana Giménez.

Susana Giménez: Me impresiona, te juro por Dios que esto va a salir en el New York Times, nos están viendo en toda América y en Estados Unidos, esto no se puede creer.

Maurizio Macri: Lo llaman apremios ilegales...

Susana Giménez: ¿Apremios ilegales de qué? ¿Y ellos con nosotros, con el público? No les hacen nada y salen con los derechos humanos y todo lo que ya sabemos, te digo que es el mundo al revés.

Especialistas

Además de los 30 especialistas en inteligencia que denunció la oposición, el reclutamiento incluyó también otros nombres asociados con Palacios y con las peores prácticas policiales:

- Comisario Miguel Angel Colombo. Principal colaborador de Sablich.

- Comisario Carlos Kevorkian. Jefe del operativo policial en el que fue muerto a golpes el adolescente Fernando Blanco, de 17 años, a la salida de un partido de fútbol, en 2005. Blanco murió por los golpes recibidos en la cabeza con manoplas que le produjeron una hemorragia. La justicia sólo procesó a un cabo pero el padre de la víctima declaró que Kevorkian arengaba a sus hombres para que golpearan a quienes salían de la cancha.

- Comisarios Alberto Cajal y Ricardo Cajal. Ahijados policiales de Carlos Alberto Gallone, condenado a reclusión perpetua por la denominada “Masacre de Fátima”. Gallone es el comisario que puso a Palacios en diálogo telefónico con el reducidor de autos en el secuestro del hijo del ex ingeniero Blumberg, por lo que fue pasado a retiro en la Policía Federal.

Nada bueno

El avance de la causa no puede traer nada bueno para Macri, quien debe decidir en qué momento hará los cambios en su gabinete: ni demasiado pronto como para que la investigación desgaste en forma prematura a los reemplazantes, ni tan tarde como para que su gobierno se derrumbe antes. Los sentenciados son el ministro de Educación, Mariano Narodowski, quien empleó al asistente de Palacios, Ciro James, pero no puede explicar a qué se dedicaba, y el del Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, organizador de la fuerza de tareas UCEP que corría a golpes de la calle a los indigentes. El rol más ingrato es el del robusto Montenegro, elegido como escudo protector que absorbe los golpes dirigidos a Macri. Burzaco ya fue designado para suceder a Palacios, pero recién asumirá el mes próximo. Es el tiempo calculado para que la sucesión de impactos termine la demolición de Montenegro, cuyo pedido de disculpas a los legisladores investigados es una admisión de responsabilidad que hasta podría tener consecuencias penales. Las conferencias de prensa a repetición y la entrega de filmaciones al juez Norberto Oyarbide en las que se ve a James procuran mostrar apertura y transparencia. Pero ni uno de los funcionarios respondió una sola pregunta sobre el caso. Se limitaron a descargar culpas en el gobierno nacional, que tuvo la ingenuidad de hacerle el juego. En cuanto a las cintas de seguridad, sólo muestran que James trabajaba allí, algo que estaba de sobra probado, incluso por declaraciones de Palacios. Al anunciar la dimisión de un segundo jefe de la policía municipal, el comisario Osvaldo Chamorro, Montenegro dijo que la recolección de datos comerciales y financieros que acopiaba sobre políticos y funcionarios de distintas fuerzas no era ética pero tampoco constituía un delito, porque la base Nosis es de acceso público. No es seguro que la justicia comparta esa interpretación. Nosis es una base de datos de consulta para empresas interesadas en verificar la situación de un eventual cliente, socio o proveedor antes de cerrar un negocio. Pero la información que suministra está entre aquella que el artículo 4.2 de la ley de inteligencia nacional, promulgada en 2001, prohíbe recolectar (“Ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”). Como se ve, el origen de la información que se almacena es menos relevante que quién la colecta y por qué razones.

Modelos en pugna

Una vez que Montenegro haya recibido todos los mamporros, Burzaco podrá hacerse cargo también del ministerio. Desde un punto de vista ideológico, también es un hombre de derecha, pero es un especialista que coordinó los equipos del PRO en seguridad durante la campaña electoral y ha publicado libros sobre el tema, en los que reivindica el gobierno civil de la seguridad. La ley de seguridad porteña, contra la que se quejó Palacios por “progresista” fue negociada por Montenegro con el kirchnerismo y su base fue un proyecto elaborado por Marcelo Saín para las Naciones Unidas en 2006. Saín prestó asistencia técnica con el consentimiento de Aníbal Fernández, de quien dependía su Policía de Seguridad Aeroportuaria. Es decir el esquema contrario al que implicaba la combinación PalaciosChamorro, con un ex magistrado como ministro, muy similar al que aplica Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires luego de desmantelar la reforma realizada por Juan Pablo Cafiero, el propio Saín y Carlos Arslanian. Como bien saben los vecinos de Wilde que reclaman por el asesinato de Renata, una de las víctimas de la contrarreforma fue el 911. A ambos lados de la General Paz, se trata de delegar el gobierno de la seguridad en una policía ineficaz y corrupta. Burzaco tiene un posgrado en Estados Unidos y su visión es la del Manhattan Institute. Pero su modelo es la Guardia Civil de Madrid, que sólo se ocupa de temas locales y ha aprendido a cooperar con la policía nacional, cada una en su área. Esta visión moderna choca con la de Macri, que preparó a su cuerpo de seguridad en competencia con la Policía Federal, con viejos comisarios en la conducción y autos de civil no identificables en la calle, una central de inteligencia no dedicada a investigar delitos sino a cometerlos y un grupo de elite para operaciones de alto riesgo que no están dentro de la competencia de la Ciudad. Tampoco está claro si Macri recuperará la vertical política o seguirá trastabillando cada vez a mayor velocidad.

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