Fujimori condenado a seis años de prisión por tres casos de corrupción

El ex presidente Fujimori de 71 años de edad, se encuentra detenido desde que fue extraditado desde Chile en septiembre de 2007. Ya había sido condenado a 25 años de prisión el pasado 7 de abril por asesinato, secuestro y lesiones graves en la matanza de Barrios Altos en 1991 y La Cantuta el siguiente año.

A seis años de prisión y dos años de inhabilitación fue sentenciado, por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, el ex presidente peruano Alberto Fujimori por los casos de espionaje telefónico, el pago a congresistas tránsfugas y la compra de medios de comunicación en 2000.

La pena vencerá el 10 febrero del 2013, tomando en cuenta desde que fue detenido en Chile. Asimismo, fue inhabilitado por dos años para no ejercer el cargo de Presidente de la República e incapacidad para obtener cargo publico.
Además de la reparación civil a favor del Estado de 24 millones de soles (unos 8 millones de dólares) que tiene que pagar tiene que cancelar unos tres millones (más de un millón de dólares) a favor de los agraviados en forma proporcional.

El ex presidente ya había sido condenado a 25 años de prisión el pasado 7 de abril por asesinato, secuestro y lesiones graves en la matanza de Barrios Altos en 1991 y La Cantuta el siguiente año.

Fue inculpado como autor intelectual al comandar un escuadrón del Ejército conocido como el "grupo Colina", así como por haber dirigido el secuestro de un periodista y un empresario. Además tiene otras dos sentencias por corrupción a siete años y medio y a seis años.

En el juicio se encontraban personalidades como el escritor Mario Vargas Llosa, Susana Higuchi -ex esposa de Fujimori- y el ex secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, quieres eran los declarantes.

Vargas Llosa fue víctima de interceptación telefónica cuando era candidato a la presidencia en 1990, informó Peláez. El escritor finalmente fue derrotado en segunda vuelta en las elecciones de ese año por el ciudadano peruano - japonés.

Del mismo modo, el fiscal aseguró que la ex esposa del acusado "daría detalles sobre cómo era espiada telefónicamente" en su despacho del Palacio de Gobierno cuando aún no estaban divorciados.

"Uno de los principales objetivos del espionaje telefónico fue el ex secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, cuando era candidato presidencial y principal líder opositor en 2005", señaló.

Según el fiscal Peláez Bardales, el sistema de escucha telefónica era comandado por Vladimiro Montesinos, quien fue la mano derecha de Fujimori, y el 21 de septiembre de 2006 fue condenado a una pena de 20 años de prisión por su participación en el tráfico de 10 mil fusiles AKM a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"La interceptación telefónica se hizo de manera permanente y sistemática a personas que eran incómodas al régimen fujimorista (1990-2000)", anotó el fiscal.

Temas como los casos de soborno y pago de fuertes sumas de dinero a diferentes congresistas para que apoyaran su gobierno serán confesados por otros testigos, al igual que declararán sobre la compra ilegal de un canal de televisión por cable como parte de una campaña para controlar la prensa y perpetuarse en el poder.

El segundo caso por el cual fue inculpado el ex presidente es por la compra ilegal de medios de comunicación. El fiscal afirmó que desde el año 1999, Fujimori "coordinó y encargó" a Montesinos la compra y adquisición de Cable Canal de Noticias (CCN) y la línea editorial de un diario local para eguir manteniéndose en el poder.

El dinero con que se adquirió este canal era del Estado, específicamente, de fondos de los institutos armados, unos 250 mil dólares de forma mensual.

El último motivo por el que fue juzgado Fujimori es por la compra de congresistas. Peláez señaló que en el año 2000 Alberto Fujimori "diseñó, planificó y dirigió" un plan de "reclutamiento" de congresistas para que abandonen sus bancadas y pasen a formar parte de las filas del partido de gobierno. Estos pagos se efectuaron luego de las elecciones de 3 de abril del año 2000, cuando el partido de Fujimori no obtuvo la mayoría parlamentaria.

Los fondos para realizar este delito provinieron de fondos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) que, a su vez, eran derivados de los ministerios de Defensa y del Interior.

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