La ley que impulsa el Gobierno obliga a compañías que concentran el mercado a desprenderse de la mayor parte de sus negocios.
Ayer, mientras el diario Clarín celebraba un nuevo aniversario de su fundación con un brindis en el cuarto piso de su edificio, el Gobierno mandaba al Congreso de
Las razones del desencanto se podrían contar en pérdidas millonarias de negocios y, peor aún, en el ingreso de nuevos y poderosos jugadores al mercado de las telecomunicaciones al habilitar la participación de empresas de servicios públicos al negocio de la televisión por cable.
El proyecto de ley fue una promesa que Néstor Kirchner se encargó de mantener pendiente durante toda su gestión, a tono con las buenas relaciones que mantenía con Clarín. Declarada la enemistad, la llegada del proyecto al Parlamento será el escenario de la batalla más explícita entre los dos bandos.
Del lado de los medios no estará sólo Clarín. Los párrafos de la nueva norma –que, entre otros objetivos, busca democratizar la distribución del espectro radiofónico– dejarán también fuera de la ley a varios grupos empresarios como es el caso del holding Vila-Manzano. ¿Dónde están los cambios que afectan su actual situación? Hasta ahora, una sola persona podía tener hasta 24 licencias de televisión abierta y radio y no había ningún límite para la suma de licencias de servicios complementarios como el cable. Ese límite fue ampliado por Carlos Menem por pedido de los grandes grupos. Hasta entonces el límite máximo era de cuatro licencias por empresa. Con la nueva regulación que pretende el kirchnerismo, el tope será de diez licencias para televisión abierta y radio. Además, quien tenga televisión abierta no podrá tener cable y ningún prestador estará habilitado para tener más del 35% del mercado. Así, de prosperar la votación en el Congreso, las condiciones de funcionamiento del multimedio que encabeza Ernestina Herrera de Noble serán todas irregulares.
Por un lado, no podrían mantener el emporio Cablevisión- Multicanal que luego de la fusión copó el 80% de la torta de clientes del cable. La nueva ley prevé que sólo otorgará una licencia por propietario. O sea, que no sólo deberían desprenderse de una de las dos compañías sino que también les correspondería reducir radicalmente el porcentaje de sus abonados. La fusión también está en camino a ser objetada por el Gobierno por sendas administrativas.
Con el objetivo de ampliar la heterogeneidad en la producción de contenidos, el proyecto establece que los operadores de cable sólo pueden tener una señal propia. Es decir, acepta que el negocio de los servicios de suscripción pueda dividirse en tres operadores principales, pero no así los contenidos. En palabras claras, Clarín debería elegir si quiere quedarse con TN o con Volver o con algunas de todas las señales que tiene en el aire de la televisión privada. El problema se complejiza aún más si se toma en cuenta que de querer continuar con el negocio del cable, no podría hacerlo con el de la televisión abierta. Es decir. O canal 13 o Multicanal. Los dos juntos sería ilegal.
El nuevo panorama también suma nuevos jugadores. Los licenciatarios de servicios públicos pueden participar de los servicios de radiodifusión, un derecho que ahora está prohibido. De esta manera, las telefónicas podrán entrar al mercado del triple play, habilitando que una misma empresa ofrezca televisión, internet y telefonía. Este punto es uno de los más criticados por la oposición porque, a pesar de que el proyecto establece controles, nadie puede garantizar que los gobiernos de turno no se conviertan en ejecutores de presión sobre compañías que presten servicios públicos –por ende dependen de la relación con el Estado– y que además tengan un canal de televisión. La disputa acaba de empezar.
Crítica Digital
Entradas
0 comentarios:
Publicar un comentario