El Salvador se hace responsable del crimen del arzobispo Romero

El Salvador dio ayer un giro de 180 grados a su política de las últimas dos décadas, al reconocer públicamente su responsabilidad en el caso del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 por los escuadrones de la muerte.

En una audiencia de seguimiento del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno del presidente izquierdista Mauricio Funes, afirmó que reconoce "plenamente" la autoridad del organismo y el carácter vinculante de sus recomendaciones emitidas en su informe de fondo de 2000.

La Comisión recomendó al Gobierno salvadoreño que realice una investigación judicial completa, imparcial y efectiva sobre el caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales, sin perjuicio de la Ley de Amnistía decretada.

Monseñor Romero fue asesinado cuando oficiaba misa el 24 de marzo de 1980 por agentes del Estado que integraban escuadrones de la muerte. La Comisión de la Verdad, que investigó los crímenes de guerra en El Salvador, señaló como autor intelectual del asesinato al fundador de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Roberto D'Aubuisson, muerto de cáncer en 1992. La Ley de Amnistía, aprobada un año después de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a la guerra civil en el país (1980-1992), dejó en impunidad el crimen.

Arena gobernó el país desde 1989 hasta el pasado 1 de junio, cuando el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) asumió el poder.

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