En los últimos 30 días, un puñado de tribunales utilizó el criterio de la Corte Suprema para no penar la tenencia mínima de marihuana para consumo. Sin embargo, la Policía sigue deteniendo a los tenedores por la demora de la nueva norma.
El 25 de agosto de 2009, la Corte Suprema revocó un fallo de la Cámara de Casación Penal que condenaba a tres personas por la tenencia de pequeñas cantidades de marihuana que, según se probó en el caso, eran para consumo personal.
Para ello, el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, de la Ley 23.737, con un alcance que fue estrictamente detallado en los argumentos de la sentencia.
Si bien algunos sectores de la sociedad entendieron la decisión como una victoria y rápidamente se instaló la idea de que la Argentina había despenalizado la tenencia de drogas para consumo personal, poco fue lo que cambió desde ese día en términos prácticos.
“Yo creo que no cambió absolutamente nada. Es que la Corte se refirió a un caso concreto, y hubo algunos tribunales en donde había causas similares que adoptaron ese criterio. Pero acá no se despenalizó nada, la conducta (tendencia de marihuana) continúa siendo un delito. Despenalizar es que una conducta que era ilícita pase a ser lícita a través de una ley”, reflexionó el abogado Osvaldo Gondolfo, que actuó como defensor de los imputados en la causa Arriola.
El mismo abogado, a cargo de la Defensoría General Nº 2 de Rosario, logró que el juez federal Marcelo Bailaque sobreseyera a un joven de 19 años que había sido detenido con un cigarrillo de marihuana durante un operativo realizado por la presunta venta de estupefacientes en un carrito de hamburguesas.
Y en Córdoba, el Juzgado Federal Nº 2 de Córdoba, a cargo del juez Alejandro Sánchez Freytes, también declaró inconstitucional el artículo 14 de la Ley de Drogas 23.737, en la causa "Ledesma, Roberto Carlos", por lo que sobreseyó a un hombre acusado de tener ocho gramos de marihuana.
Pero el árbol no debe tapar el bosque. Estos tres antecedentes son excepciones en una sociedad en la que se aplica día a día la Ley de Drogas que el máximo tribunal tachó de inconstitucional en el fallo "Arriola".
Sucede que la decisión de la Corte no opera de pleno derecho (no tiene operatividad automática), y técnicamente no resulta de aplicación obligatoria para los juzgados inferiores. Así, del mismo modo en que los antecedentes mencionados utilizaron el criterio del fallo Arriola, podrían surgir otros tantos en los que los jueces decidan continuar aplicando la ley que se encuentra vigente.
En la Argentina, sólo el Congreso tiene la facultad de derogar una norma con la sanción de una nueva ley, algo que en este caso es necesario realizar con inmediatez para evitar que se sigan amontonando causas inverosímiles en los tribunales a la espera de un sobreseimiento que, tarde o temprano, llegará (por vía de apelación, todos los casos podrían llegar a la Corte).
La ley, demorada
Desde su estadía en el Ministerio de Justicia, el actual jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, trabaja en un nuevo marco jurídico que contemple la persecución penal de los narcotraficantes y la asistencia a los consumidores.
Para ello, convocó a un comité de expertos que elaboró una serie de anteproyectos para que sean debatidos en el Congreso. De hecho, días después del fallo Arriola, el Ejecutivo realizó una puesta escénica en donde reunió a los integrantes del comité y a los presidentes de las comisiones por donde se debería iniciar el debate en la Cámara de Diputados.
Uno de ellos fue el diputado oficialista Silvestre Begnis, titular de la Comisión de Salud, quien realizó un alto en la campaña santafesina para explicarle a Infobae.com que está esperando lleguen las redacciones finales de los proyectos para iniciar el trámite parlamentario.
"Ni bien me los hagan llegar, los voy a llevar a la comisión para que empiece el estudio y se apruebe el dictamen. Vamos a tratar de avanzar en la discusión lo más rápido posible", explicó.
Una respuesta similar dieron a este medio en las oficinas de la diputada Graciela Giannettasio (presidente de la comisión de Prevención de Adicciones) y de Nora César (titular de la comisión de Legislación Penal), quien actualmente se encuentra de viaje con la presidente Cristina Kirchner.
Con la mira puesta en el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la discusión sobre los borradores que entregó el comité de expertos pasó a un segundo plano en la Casa Rosada.
Por el momento, los anteproyectos se encuentran en el área administrativa de la Jefatura de Gabinete, que terminará de ajustar algunos detalles del nuevo programa antes de que éste pase al área de Legal y Técnica. Finalmente, la propia presidente Cristina Kirchner será la encargada de dar el último visto bueno y estampar su firma.
Los proyectos serán ingresados por la Cámara de Diputados y serían girados, en principio, a cuatro comisiones, aunque eso dependerá de las necesidades políticas coyunturales, tal como sucede por estos días con la Ley de Medios.
infobae.com
Entradas
0 comentarios:
Publicar un comentario