Argentina: Denunciarán por presunto cohecho a la senadora que dio su voto positivo a la ley de medios audiovisuales

El presidente de la UCR hará la presentación contra la correntina Dora Sánchez, que admitió cambiar de opinión por fondos para su provincia. Morales también pidió que determinen si violó la Convención Interamericana sobre Corrupción.

En la mañana de hoy, el radical Gerardo Morales llevará el caso de la senadora correntina Dora Sánchez ante la Justicia. El jujeño se presentará ante los tribunales federales de Comodoro Py para pedirle al juez de turno que investigue si el voto de la cobista a favor de la ley de medios no se encuadra en el delito de cohecho contemplado en el artículo 256 del Código Penal. El titular de la UCR también le reclamó al jefe de los fiscales, el procurador Esteban Righi, que analice el comportamiento de la correntina dentro de lo definido por la Convención Interamericana contra la Corrupción. En ese sentido, le pidió por nota al secretario parlamentario, Juan Estrada, que gire a Righi la votación de la ley de medios y la versión taquigráfica en la que dejó sentada una cuestión de privilegio contra la legisladora.

El viernes, en el plenario del Senado, luego de recordar declaraciones de Sánchez de hace dos semanas atrás, en las que había dicho que el proyecto en debate era “un mamarracho que amenazaba a la prensa independiente” y que los Kirchner “manejan a los gobernadores con la billetera”, Morales destacó que la senadora cambió el sentido de su voto diciendo que lo hacía para “ayudar a su provincia”. En el recinto, el jujeño también subrayó que “el artículo 4, punto 1, inciso a, de la Convención Interamericana, que es ley de la Nación, dice: ‘El requerimiento o la aceptación directa o indirecta, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo, o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas, está considera un delito, un hecho de corrupción’”.

Después de esta cita, el radical explicó que al no tratarse de una afiliada a su partido no tenía autoridad para una sanción. Mirando fijo a Julio Cobos, que en ese momento presidía la sesión, afirmó con todo su énfasis posible que “el transfuguismo se tiene que terminar porque ya parece un chiste. Y lo peor que hay es una sociedad es que nos acostumbremos a lo irremediable, a que todo se puede, a que no hay límite”.

Incluso preguntó si la senadora, que habitualmente se sienta detrás suyo, estaba presente para que hablara sobre este punto. La legisladora que había ayudado al kirchnerismo a conseguir el quórum reglamentario y que, cambiando su costumbre, ingresó por la puerta que suele utilizar el oficialismo deteniéndose a saludar a los integrantes de la bancada mayoritaria no se encontraba. Lo único que dijo durante toda la sesión fue que se abstendría en la votación particular del artículo 161.

Ayer se la escuchó en Radio Mitre: lo primero que le comentó al periodista Ernesto Tenembaum fue que en ningún momento había dicho que fuera a votar en contra de la ley de medios. Mencionó que haría una presentación judicial contra el medio de su provincia que le armó un “interview con su voz en off ” ya que “no son mis palabras”. Después de eso, Tenembaum le hizo escuchar el audio de la entrevista que la senadora desconocía. Después de decirle que si se trataba de un “doble” merecería ser tenido en cuenta por las radios ya que se trataría de un buen imitador, Tenembaum le preguntó si ésa era su voz.

–¿Es usted? –requirió el periodista.

–Sí, exactamente –fue la respuesta de la senadora. Luego de destacar que el Estado Nacional le debe a Corrientes “mil millones que se están reclamando en la Corte Suprema” y que “pretendemos una transición ordenada” para entregarle el gobierno al triunfante Ricardo Colombi, la senadora volvió reconocer que con su voto pretendía mejorar la situación de su provincia. “Tenemos que recomponer la relación con el gobierno central, que se había perdido después de mi voto contra la resolución 125”, aceptó Sánchez.

La cobista no pudo confirmar si Arturo Colombi, su actual referente político, fue a la Rosada o a la Quinta de Olivos, pero destacó que estuvo en su despacho y que su voto a favor de la ley de medios fue una estrategia decidida con él. Al tiempo que admitió que sigue pensando que “hay mucha gente que vota presionada” y que el gobierno nacional disciplina a los gobernadores “con la plata”. Cuando le pidieron un ejemplo, dio el de los senadores del ARI de Tierra del Fuego que “han apoyado una serie de leyes que no sabemos si fue porque estaban convencidos” o por necesidad. Sánchez reconoció muchas cosas como para que la Justicia siga distraída.

EL EJECUTIVO SE QUEDARÁ SOLO EN EL NUEVO COMFER. El presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, advirtió ayer que el oficialismo podría integrar la autoridad de aplicación de la flamante ley de medios “sin la oposición”.

La advertencia la hizo ante la posibilidad de que la UCR se niegue a designar en lo inmediato a sus representantes para el nuevo organismo, que tendrá bajo su mirada la ejecución de la nueva norma.

El titular del bloque radical en la Cámara baja, Oscar Aguad, adelantó el lunes la estrategia legislativa de su bancada para obstaculizar la ley: “La misma ley que ellos imponen establece que la oposición tiene que nombrar gente. Que nos vengan a pedir nombres. Hasta después del 10 de diciembre, la oposición no se va a pronunciar”.

Frente a este escenario, Rossi advirtió que “si Aguad no quiere decidir quiénes son sus representantes, no lo decidirá; veremos qué es lo que corresponde hacer, pero nosotros vamos a avanzar” en la implementación de la nueva ley de radiodifusión.

“Que no se pronuncien, nosotros vamos a integrar la autoridad de aplicación sin ellos y vamos a trabajar sin ellos”, alertó el legislador kirchnerista.

En rigor, para que la ley entre en vigencia debe conformarse la Autoridad de Aplicación que prevé siete miembros: dos por el Ejecutivo, tres de una comisión bicameral y los restantes del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Para que ese organismo tenga quórum es necesario que la Comisión Bicameral designe a sus tres delegados: uno corresponde a la primera minoría, otro a la segunda y el siguiente a la tercera. El temor de Rossi es que los opositores demoren adrede esos nombramientos para estirar los plazos de la ley.

La estrategia no parece ser sólo de los radicales. La senadora por la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro avanzó ayer en el mismo sentido: “Si el Gobierno tuviera una visión verdaderamente democrática, dejaría que sea el Congreso con su nueva composición a partir del 10 de diciembre” el encargado de nombrar a la autoridad de aplicación de la norma.

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