Estados Unidos intensifica su campaña contra la Corte Penal Internacional

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha elevado la retórica de su país contra la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya. Aunque en esa ciudad operan dos importantes tribunales, la amenaza de Rubio de desmantelar la Corte "ladrillo a ladrillo" dejó claro que su objetivo es la institución que persigue a individuos por crímenes de guerra desde 2002, a la cual Estados Unidos, junto con Rusia y China, no pertenece.

El Ministerio de Exteriores estadounidense detalló posibles acciones en su ofensiva contra la CPI. Estas incluyen la imposición de restricciones de viaje a sus funcionarios, el endurecimiento de sanciones contra la Corte y sus colaboradores, e incluso la revisión de la ayuda a naciones que no rechacen la autoridad de la CPI. Esta escalada, aunque no es la primera vez que Washington desafía a la Corte, ha captado la atención de especialistas en derecho internacional a nivel global.

Expertos como Andreas Schüller del ECCHR señalan que, si bien la presión diplomática estadounidense sobre otros países respecto a la CPI no es nueva, la declaración pública de una "campaña" indica una expansión estratégica. La CPI, nacida de las lecciones de la Segunda Guerra Mundial y conflictos posteriores como los de Yugoslavia y Ruanda, busca garantizar la rendición de cuentas por atrocidades internacionales, tal como lo demuestran las órdenes de arresto emitidas contra líderes como Vladimir Putin y Benjamín Netanyahu.

Kai Ambos, especialista en Derecho Internacional, subraya la importancia de que los principales responsables de crímenes graves no queden impunes, una cuestión fundamental para las víctimas y la comunidad global. Pese a ello, Rubio argumenta que la CPI representa una amenaza para el sistema legal de EE. UU., aludiendo a posibles juicios contra militares o agentes fronterizos por parte de "jueces extranjeros".

No obstante, actualmente no hay procesos pendientes contra ciudadanos estadounidenses en la CPI, y su jurisdicción no se extiende a acciones dentro del territorio de EE. UU. Sin embargo, ciertas operaciones en el extranjero, como los asesinatos selectivos de presuntos narcotraficantes en el Caribe, han sido señaladas como posibles crímenes de lesa humanidad. Ante este panorama, la Unión Europea y Alemania han reafirmado su apoyo a la CPI, considerándola crucial para un mundo más justo y seguro.

Paradójicamente, en 2022, el propio Senado de EE. UU., con la participación de Marco Rubio, reconoció a la CPI como un tribunal que defiende el estado de derecho y aplaudió sus investigaciones contra Rusia por la invasión de Ucrania, contrastando con la postura hostil que el secretario de Estado mantiene hoy.