El Gobierno desmintió haberle ofrecido una candidatura a diputado a Maradona

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afirmó hoy que la versión periodística sobre la candidatura a diputado del director técnico del seleccionado argentino, Diego Maradona, es "una estupidez muy grande".

"En el momento en que la Selección viajó, la Presidenta estaba en Brasilia y me pidió que vaya a saludar. Traté de que sea lo menos resonante posible, así no tenía conotaciones políticas", afirmó el jefe de Gabinete en declaraciones a radio La Red.

Fernández consideró que "cuando hablan de fútbol no es otra cosa que la extrapolación de lo que decían en el Bicentenario ahora con el fútbol y buscan perjudicar a la Presidenta".

"La verdad es que uno tiene que tener un estómago de fierro para soportar ciertas cosas", dijo el jefe de Gabinete.

En ese sentido, el funcionario afirmó que "la gente que no es tonta, se va dando cuenta de los inventos".

"No me van a impedir que sea un maradoniano como siempre y que me haya ilusionado con lo que la Selección llevó a la práctica", agregó y consideró que "la política no se tiene que meter con esas cosas".

"Maradona estuvo de acuerdo en el Fútbol para Todos, pero eso fue una decisión de Maradona. Él no dejó de expresar nunca su vocación popular y sus ganas de que se vea el fútbol gratis en todos lados", afirmó.

Finalmente, el Jefe de Gabinete dijo que la versión sobre la candidatura a diputado de Maradona "es una estupidez muy grande" y que "estúpida en sí misma la explicación". Y agregó: "Es un sinsentido muy grande".

fuente: telam.com.ar

Un apoyo masivo a la igualdad de derechos

El sondeo revela también un acuerdo importante en el interior del país. Y muestra rechazo a la posición de la Iglesia contra el casamiento entre personas del mismo sexo. Respaldo a los legisladores que votan a favor de la igualdad de derechos. Por Soledad Vallejos.

Más de las tres cuartas partes de la población (el 81 por ciento) está de acuerdo con que homosexuales y heterosexuales tengan los mismos derechos. Apenas un poco menos (el 69 por ciento) se declara de acuerdo con el proyecto de ley de matrimonio civil que la Cámara de Diputados aprobó en mayo. Más de la mitad de los ciudadanos (el 57,6 por ciento) está en desacuerdo con que la Iglesia católica rechace el matrimonio entre personas del mismo sexo; la mayoría de esas personas se define como católica practicante. Así lo asegura un estudio que la consultora Analogías realizó a nivel nacional a mediados de junio, en 1250 casos, a pedido de la Federación Argentina LGBT. Los números trazan un panorama notablemente menos polarizado y opositor al proyecto de ley que hoy mismo empieza a transitar momentos claves en el Senado (ver aparte). Tan diferentes de lo que se ha dicho resultan los números que muchos de los distritos cuyos senadores y senadoras se oponen al proyecto difícilmente puedan argüir que lo hacen porque así lo quieren sus electores.

La existencia de derechos civiles que protejan tanto a heterosexuales como a homosexuales es afirmada por una amplia mayoría. El 81 por ciento lo ha ratificado, y un respaldo aún mayor se manifiesta cuando se trata de que las parejas homosexuales puedan compartir la obra social (88,1 por ciento) o que quien enviude pueda cobrar una pensión (el 83 por ciento). A la luz de esas respuestas no sorprende que el 68,6 por ciento se muestre de acuerdo con que dos personas del mismo sexo puedan casarse porque “todos somos iguales” (44,2) y “es importante que cada persona tenga libertad para decidir qué hacer con su vida” (37,6). La cercanía cuenta: el hecho de conocer situaciones particulares no es una razón despreciable para este apoyo: un 9 por ciento respondió que avalaba el matrimonio para dos personas del mismo sexo porque “tengo amigos/as, hijo/as, parientes, compañeros/as de trabajo homosexuales y los entiendo”.

Notablemente, quienes se manifestaron en desacuerdo abreviaron los argumentos: la naturaleza, las leyes de Dios (31,1 entre ambas) y la religión (4 por ciento), la tradición (25) y la moral (9) sumaron el 69, 1 por ciento.

El proyecto que la Cámara de Diputados aprobó en mayo cosecha un 69 por ciento de apoyo, y el 66,8 por ciento de todos los encuestados cree “muy probable que lo aprueben” los senadores. La respuesta llegará en los próximos días.

De gira por las provincias

En la ciudad de Buenos Aires, el 85,8 por ciento se definió a favor del proyecto con media sanción de Diputados, lo cual posiblemente no sorprenda al sus detractores, en los últimos días embarcados en acotar el apoyo a suelo porteño. (Los y las senadores por la Ciudad, por otra parte, se han declarado todos a favor.) Sin embargo, las respuestas de la encuesta pintan un paisaje provincial en el cual el apoyo a la ampliación del matrimonio civil oscila entre el 50 y el 70 por ciento. La información resulta todavía más reveladora cuando se revisa qué han proclamado algunos de los y las representantes de esas provincias ante el Senado. A eso, además, es preciso sumar el antes y el después: en la mayoría de las provincias, el apoyo al matrimonio para personas del mismo sexo creció luego de la media sanción en Diputados.

El divorcio entre electorado y representación podría resultar grave en Córdoba. Dos de sus tres representantes (Luis Juez, quien hoy será uno de los seis firmantes del dictamen favorable, y Norma Morandini, quien denunció presiones obispales) se declararon favorables; el tercero, Ramón Mestre, se ha pronunciado en contra alegando que es preciso “que no se desvirtúe la concepción de matrimonio” y sugiriendo realizar una “consulta popular no vinculante” para “saber qué es lo que quiere la sociedad”. El 68,5 por ciento se había manifestado de acuerdo con la propuesta de que el matrimonio civil fuera válido también para parejas homosexuales; ese apoyo trepó al 69,7 luego de la media sanción.

La provincia de Buenos Aires pasó del 66,4 al 67 por ciento de apoyo, contradiciendo la oposición mayoritaria que había alegado Hilda “Chiche” Duhalde. Santa Fe y Corrientes comparten tendencia: el 63,7 por ciento se mostró a favor de lo aprobado en Diputados. En ambos casos, la media sanción parece haber sumado un plus de aprobación social (en Santa Fe, 58,6 por ciento apoyaba el matrimonio en abstracto; en Corrientes el 55,2). Pero mientras que en la primera provincia sólo Carlos Reutemann se opone al proyecto (Rubén Giustiniani y Roxana Latorre ya han hecho público su apoyo), en Corrientes la situación es inversa: sólo Nito Artaza está a favor; Josefina Meabe y José María Roldán (quien mañana posiblemente firme dictamen para unión civil) lo rechazan.

Otro territorio en el que la lectura de sus representantes parece distorsionada es La Pampa: el 63 por ciento se declara a favor de lo que aprobó Diputados (antes de eso lo hacía el 61,1). Y sin embargo sus tres senadores (María de los Angeles Higonet, Juan Carlos Marino y Carlos Verna) han dicho o sugerido en más de ocasión que no lo apoyarán. Dos de los tres representantes de Chubut (Graciela Di Perna y Marcelo Guinle) han anunciado que votarán por la ley; el tercero, Mario Cimadevilla, hoy posiblemente firme dictamen por uno de los proyectos de unión civil. Las encuestan cifran en 62,3 por ciento el apoyo al texto sancionado por Diputados (llegó a esa cifra desde el 55 por ciento).

Más de la mitad de la población mendocina (el 56,2 por ciento) apoya el proyecto que podría convertir en ley el Senado. Precisamente a esa provincia representa Rolando Bermejo, el integrante de la comisión cuya firma hoy podría dar dictamen de mayoría a la ampliación del matrimonio civil. En Neuquén, cuyo senador Marcelo Fuentes hoy dará su firma al proyecto sancionado en mayo, el apoyo a que personas del mismo sexo puedan casarse trepa al 56,4 por ciento.


fuente: pagina12.com.ar

“No hubo ningún viaje no autorizado”

El canciller culpó a los diarios por tener “actitudes destituyentes” en la presentación de un cable reservado. Aseguró que las empresas están “agradecidas” por las gestiones que hace el gobierno argentino.

El canciller Héctor Timerman y el subsecretario de Integración Americana y Mercosur, Eduardo Sigal, desmintieron nuevamente la existencia de una “embajada paralela” en Venezuela. “No hubo ningún viaje de ningún funcionario ni de ningún ministerio que no haya sido previamente autorizado por el Poder Ejecutivo”, aseguró ayer Timerman, luego de asistir a un acto de homenaje al periodista Eduardo Kimel. Además, el ministro de Relaciones Exteriores ratificó las declaraciones de Sigal, en las que el funcionario de la Cancillería advertía sobre la “inquietud de dos empresas” que pedían ser incluidas en la ronda de negociaciones por el programa de reconversión eléctrica con el país que preside Hugo Chávez.

Después del acto con la presidenta Cristina Fernández en el CELS, Timerman cuestionó lo que consideró son “actitudes destituyentes” de algunos diarios. “Si uno cambiara los títulos de Clarín y La Nación, en vez de poner toda esta conspiración, pondría que hay dos cables que son casi públicos y no habría escándalo”, criticó el canciller. Esos diarios difundieron el último fin de semana un cable enviado por el subsecretario Sigal al canciller y a la embajada venezolana para advertir sobre una reunión de la que participaron funcionarios del Ministerio de Planificación, que habrían “dejado afuera de negociaciones” por inversiones a “dos empresas” argentinas que venían trabajando con el país caribeño.

Timerman explicó que las empresas de celdas eléctricas EMA y de fabricante de grúas Hidro-Grubert “están agradecidas al Gobierno por cómo las promovió y las protegió” y desestimó que esas firmas hayan sido marginadas para operaciones comerciales con Venezuela. El canciller aclaró que “había 10 empresas en una reunión y Sigal dijo que traten de incorporarlas a esa reunión, algo que luego no se pudo hacer porque había concluido”.

Para Timerman, “a Clarín y a La Nación les molestan los negocios que la Argentina hace con Venezuela, que pasó de 100 millones de dólares a más de 1500 millones” y aclaró que “no hay embajada paralela”, sino que las reuniones son “un tema técnico”. El diplomático informó, además, que Hidro-Grubert “vendió a Venezuela por 10 millones de dólares desde 2005 y EMA firmó delante de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner un convenio para colocar una planta en Venezuela y ya vendió 150 celdas eléctricas por 5 millones de dólares”.

En este contexto, el canciller aseguró que ambas compañías “no pueden sentirse discriminadas” al no participar de una reunión de negocios. En este convenio sólo había lugar para 10 empresas y éstas no entraron porque se van cambiando en los distintos convenios.

Por su parte, Sigal acusó a los medios de comunicación de malinterpretar la información que había redactado, en la que solicitaba la incorporación de esas empresas. “Se ha montado un operativo que está tratando de utilizarme a mí contra el gobierno nacional”, sostuvo el funcionario, quien fue ratificado en el cargo por el canciller. Sigal aclaró que esa reunión se realizó paralelamente a un encuentro la Comisión Bilateral de Alto Nivel (Coban) en el país caribeño, presidida por “un funcionario del Ministerio de Planificación”. Pero, a diferencia de lo publicado, aseguró que también asistieron funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Respecto de la aparición de un cable reservado de la Cancillería, Sigal advirtió que también “hay sectores de la diplomacia que están formando parte de un proyecto para mellar la voluntad transformadora de este Gobierno”. Timerman precisó, además, que esos cables “no tienen nada de reservados”, dado que “el cable que envía la embajada de Venezuela que motiva la respuesta de Sigal, es un cable reservado, pero más de cien personas tienen acceso libre, y más de 500 acceden con sentarse en una computadora de la Cancillería”.


fuente: pagina12.com.ar

“Mis subordinados cumplieron mis órdenes”

Sentado junto a Luciano Benjamín Menéndez y los otros veintinueve procesados por el asesinato de 31 presos políticos de la UP1 de Córdoba, Videla reivindicó el fuero militar, se escudó en los decretos de Isabel Perón y anticipó que no va a declarar. Por Nora Veiras.

Con voz firme y tono menos castrense, Jorge Rafael Videla habló por primera vez en un tribunal de la democracia. “Asumo mi responsabilidad en la guerra interna librada contra el terrorismo subversivo, mis subordinados se limitaron a cumplir mis órdenes como comandante en jefe”, dijo el ex general que encabezó el último golpe militar de la Argentina. Repitió que el Tribunal Oral de Córdoba “carece de competencia” para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad, reivindicó como su “juez natural al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas” y anunció que no va a prestar declaración. A menos de un mes de cumplir 85 años y de doce años de prisión, Videla apareció con mejor semblante, inclusive, que cuando en plena dictadura declaró ante corresponsales extranjeros: “Los desaparecidos no están ni vivos ni muertos, están de-sa-pa-re-ci-dos”. El jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, otro de los 31 acusados por las torturas y crímenes cometidos en la Unidad Penitenciaria 1 (UP1) de Córdoba también se hizo del micrófono. Con el mismo libreto que viene usando en los juicios en los que fue condenado ya en Tucumán y Córdoba, señaló que “los terroristas marxistas que, conducidos desde el extranjero, asaltaron la República porque no creían en nuestras instituciones democráticas, ahora aprovechan, se refugian y usan esas mismas instituciones democráticas para juzgar a quienes las defendimos”. Menéndez luego anticipó, al igual que su jefe máximo, que no va a declarar porque desconoce la Justicia civil.

Sin culpa

El viernes pasado apenas se empezó a leer la acusación contra los responsables del asesinato de treinta y un presos políticos de la UP1, entre abril y octubre de 1976, Videla había querido hablar. El presidente del Tribunal Jaime Díaz Gavier lo interrumpió porque no era ése el momento reservado para escucharlo. Videla, quien se había mantenido en silencio durante el Juicio a las Juntas en 1985, tuvo la oportunidad de explayarse, pero lo hizo por pocos minutos. Recordó que “la Cámara Federal juzgó en mi caso todos los hechos (...) considero que los hechos constituyen cosa juzgada. Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa”. Dijo que en agosto de 1984 declaró por primera vez ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y “siempre reconocí la autoría de las directivas que impartí en cumplimiento de la directiva 1 del Ministerio de Defensa y de los decretos firmados por el Poder Ejecutivo Nacional en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales. Las directivas fueron calificadas de inobjetables por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas”.

Apenas asumió Raúl Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983, dictó el decreto 158, por el cual estableció el juzgamiento de las tres primeras juntas militares a través del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. El 13 de febrero del ’84, ante las demoras y la falta de voluntad demostrada por el tribunal castrense, se sanciona la ley que reforma el Código de Justicia Militar y habilita a la Justicia civil a intervenir. El 11 de julio del ’84, la Cámara Federal le indica al Consejo Supremo que investigue si hubo violaciones a los derechos humanos. El 25 de septiembre es cuando el tribunal militar responde y califica como “inobjetables” “los decretos, directivas, órdenes de operaciones, etcétera, que concretaron el accionar militar contra la subversión terrorista”. El 4 de octubre, la Cámara Federal desplaza a los jueces castrenses y se hace cargo del histórico juicio. Videla es condenado a reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, destitución del grado militar. El ex presidente Carlos Saúl Menem lo indulta en 1990, ocho años más tarde vuelve a prisión por una causa de robo de bebés: pasa 38 días en la cárcel de Caseros y luego en prisión domiciliaria hasta que en 2008 lo recluyen en la cárcel dependiente del Servicio Penitenciario Federal en Campo de Mayo.

Videla, al igual que Menéndez, nunca reconoció la jurisdicción civil. Ayer, antes de advertir que no va a declarar se permitió una precisión sobre la acusación que pesa sobre él por el asesinato de treinta y un presos políticos. Dijo que “el viernes se hizo mención a que la policía de Córdoba quedó subordinada a partir del 24 de marzo del ’76 al Ejército cuando, en realidad, por decreto de 6 de octubre de 1975 firmado por el doctor (Italo) Luder se dispuso a partir de esa fecha que todos las policías quedaban bajo el control operacional de las Fuerzas Armadas”.

Ese es otro de los ejes argumentales de la defensa de los represores: que sólo se limitaron a cumplir con los decretos de “aniquilamiento de la subversión” dictados por Luder, como presidente provisional, durante el mandato de Isabel Martínez de Perón. El testimonio de Fermín Rivera es elocuente del cambio que significó el salto de la democracia a la dictadura para los detenidos en la UP1 (ver página 2).

Los subordinados

Apenas terminó Videla, tomó la palabra Menéndez con su ya conocida contextualización sobre “el marxismo internacional” que inspiraba a “los subversivos contra la sociedad occidental y cristiana”. Esta vez no parafraseó –como en diciembre pasado en otro de los juicios que lo tiene como protagonista– al fugaz ministro de Educación porteño, Abel Posse, pero siguió fiel a ese libreto. Los problemas de sonido que incomodaron a Videla se repitieron con algunos de los 17 militares, 13 policías y el médico civil, pero no fueron obstáculo para que hablaran sin inhibiciones. A tal punto que hoy continuarán con sus arengas.

Entre los que se hicieron escuchar estuvo el comisario mayor retirado Carlos Alfredo Yanicelli, alias Tucán, imputado por tormentos a 210 personas y seis homicidios. Yanicelli fue designado director de Inteligencia Criminal de la Policía de Córdoba por Oscar Aguad mientras se desempeñaba como ministro de Gobierno de Ramón Mestre. Aguad es ahora el presidente de la bancada radical en la Cámara de Diputados de la Nación.

El coronel retirado Osvaldo César Quiroga pidió un pie para el micrófono y se despachó durante una hora. Quiroga, al igual que gran parte de los otros oficiales reivindicaron que Videla haya asumido su responsabilidad como jefe y se limitó a marcar el cumplimiento de órdenes. Quiroga también participó de la represión en el campo de concentración de La Perla. El teniente coronel retirado Enrique Pedro Mones Ruiz intentó hacer gala de cierto histrionismo para criticar al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, y fue amonestado por el tribunal (ver aparte).

Cuando la tarde ya cedía a la noche, Francisco Pablo D’Aloia seguía hablando y fue el único que aceptó contestar preguntas. El fiscal, algunos defensores y hasta otros imputados recrearon entonces un diálogo inédito que continuará hoy. D’Aloia, acusado de haber participado en el traslado de los presos, el mecanismo para fraguar las supuestas fugas que justificaban los fusilamientos, pidió una pizarra para continuar hoy con su defensa. Frente a representantes de todos los organismos defensores de derechos humanos y de familiares de las víctimas, seguirán repitiendo sus argumentos en los que no asoma ni siquiera el arrepentimiento por las atrocidades cometidas. Un grupo de familiares de los acusados comparten el ámbito en el que por primera vez abrió la boca frente a jueces de la democracia el militar que más tiempo ejerció el poder de facto en la Argentina: Videla, durante cinco años.

fuente: pagina12.com.ar

Presidente Chávez reitera que espera relación de respeto con Colombia

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, reiteró este lunes desde el Palacio Federal Legislativo de Caracas que espera una relación de respeto mutuo con Colombia.

Así lo destacó en su intervención con motivo a la celebración del 199 aniversario de la Firma del Acta de la Independencia, realizada desde la Asamblea Nacional y cuyo orador de orden fue su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa.

Recordó que el llamado al respeto mutuo fue el mensaje central que le dio a los cancilleres de la región que asistieron este sábado 3 de julio a la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Cumbre de América Latina y el Caribe.

“La integración es algo que no puede depender de las ideologías de cada país. La unión es el único camino a la libertad y al progreso de nuestros pueblos”, dijo.

El presidente Chávez reiteró que “nuestro camino era y es nuestra revolución. Cada país con sus propias características”.

Hizo un llamado a los pueblos de la región para no dejarse engañar por quienes “nos han tratado de presentar como los instigadores a la violencia, como un factor peligroso que divide y perturba al continente”.

Al acto conmemorativo de la Independencia asistió la comitiva oficial del presidente Correa, así como el tren ejecutivo del Gobierno bolivariano, acompañado por representantes del poder popular.

fuente: abn.info.ve

Estructura organizativa del PSUV garantizará victoria electoral de la revolución

La estructura organizativa que actualmente impulsa el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que incluye unidades de batalla Bolívar 200 en cada centro electoral y una patrulla por cada mesa electoral, garantizará la victoria de la revolución en los comicios parlamentarios del 26 de septiembre.

Así lo destacó Freddy Bernal, miembro de la directiva de la organización roja, en el programa Despertó Venezuela transmitido este martes por Venezolana de Televisión (VTV).

Destacó que la revolución socialista tiene una serie de ventajas en la actualidad frente a la oposición en la coyuntura electoral, incluyendo la existencia de un líder, el presidente Hugo Chávez; un partido sólido y una estructura organizativa que envidiaría cualquier organización de América Latina.

Recordó Bernal que el PSUV tiene el objetivo de reunir a 2 millones de hombres y mujeres en el Comando de Campaña Bolívar 200.

Apuntó que la campaña del partido socialista abarca tres etapas: la primera es de organización, la cual está en desarrollo y se extenderá hasta el 15 de julio; la segunda es de despliegue en cada rincón del país para llegar casa por casa con la propuesta revolucionaria; y la tercera es la campaña propiamente dicha, regulada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) , la cual comienza el 26 de agosto e incluirá caravanas y recorridos.

Explicó Bernal que existen comandos de campaña nacional, estadal y circuital, así como unidades de batalla Bolívar 200, ubicadas en cada centro electoral. Informó que ya la comisión electoral del PSUV tiene en su poder los nombres de los 12 mil 471 jefes de estas unidades.

Adicionalmente, en cada centro hay una estructura de comando de campaña integrada por nueve personas, para un total de 112 mil 239 psuvistas.

En las mesas electorales se conforman las patrullas de batalla Bolívar 200, lo que da cuenta de un total de 36 mil 603 patrullas en todo el país.

Indicó Bernal que ya están consignados también ante el comando central quiénes son los jefes de tales instancias, las cuales están constituyéndose actualmente con base en una data suministrada por la comisión electoral del partido.

Apuntó el dirigente psuvista que el objetivo es ubicar a estas personas casa por casa para motivarlos a votar por la revolución.

En Caracas, señaló, la meta es conformar una estructura básica de 161 mil personas, que a partir del 15 de julio deben desplegarse por toda la ciudad y tocar a diez personas cada una.

“Si nos dedicamos a montar la estructura y a garantizar las unidades de batalla y las patrullas, ya tendremos garantizado el triunfo”, expresó.

Destacó que este sistema del PSUV asegurará la maquinaria electoral más formidable que existió en la historia política de Venezuela.

Confió en que pese a la guerra sucia, a los ataques y a los llamados a la violencia de los opositores, existe la certeza de que el 26 de septiembre el PSUV tendrá la mayoría calificada en la Asamblea Nacional (AN). Acotó que la meta del partido es alcanzar los 126 diputados.

Este cifra, indicó, permitirá garantizar la profundización del socialismo bolivariano y la reelección de Chávez en 2012.

fuente: abn.info.ve

Venezuela logró eliminar la lepra como problema de salud pública

La tasa de incidencia en Venezuela de lepra (enfermedad infecciosa de nula transmisibilidad cuando está debidamente tratada) es de 0,07%, en comparación con países en los que aún sigue siendo un problema de salud pública, como es el caso de Brasil.

De acuerdo con la especialista en lepra del Instituto de Biomedicina, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud, para 1997 Venezuela consiguió que menos de un paciente por cada 10 mil habitantes se contaminara por esta enfermedad.

Asimismo, explicó que se considera que en un país la lepra es un problema de salud pública si hay más de un paciente por cada 10 mil habitantes con esta enfermedad. Situación que desapareció del territorio nacional, gracias a la destigmatización lograda en esta infección.

La especialista recordó que anteriormente, los pacientes con lepra eran aislados inhumanamente, mutilados y no se les suministraba el tratamiento adecuado. Además, era una enfermedad que denigraba y discriminaba a la persona.

Sin embargo, explicó que gracias a los avances tecnológicos y científicos, en los que ha participado el científico venezolano Jacinto Convit, la lepra es una enfermedad tratable humanamente y reducida en incidencia nacional.

No obstante, señaló que como toda enfermedad transmitida por bacterias, en este caso por la bacteria Mycobacterium leprae y Mycobacterium lepromatosis, tiene algunos focos pero siempre ha sido de baja incidencia en Venezuela.

De acuerdo con estadísticas del Instituto de Biomedicina, para 1990 surgieron 424 nuevos casos y para el 2009 se registraron 567 casos pero con una diferencia poblacional de 9 millones 58 mil 910 habitantes.

Por lo tanto, su tasa de detección ha disminuido de 0,22 a 0,20 casos.

La especialista indicó que el tratamiento de la Lepra es donado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y oportunamente distribuido y garantizado por el Ministerio de Salud.

fuente: abn.info.ve

Venezuela es ejemplo del éxito de una economía social

Las declaraciones de Ali Abdessalam Treki, presidente del 64 período de la Asamblea General de Naciones Unidas, en cuanto a que Venezuela es un ejemplo a seguir respecto al cumplimiento de los Objetivos del Milenio, echan por tierra las campañas esgrimidas por los medios de comunicación occidentales sobre un hipotético “mal” desempeño económico y social de la Revolución Bolivariana.

Una nota de prensa destaca que el alto funcionario de la ONU manifestó durante una reciente visita a Caracas, que Venezuela “ha logrado ser un modelo de paradigma para los demás países en aras de alcanzar esos objetivos”.

Treki revisó con las autoridades venezolanas el cumplimiento de las metas fijadas por la organización mundial, y cómo este país las ha encaminado en la década pasada.

En el año 2000, unas 192 naciones aprobaron ocho objetivos de desarrollo del milenio que deben cumplirse en 2015 para mejorar las condiciones económicas y sociales que padecen millones de personas en el mundo.

Entre éstos se encuentran, reducir a la mitad el porcentaje de personas hambrientas; disminuir en dos tercios la mortalidad de menores de cinco años y en tres cuartas partes la materna en relación con el año 1990, además, que todos los niños del orbe puedan concluir la enseñanza primaria.

Los otros cinco proyectos consisten en detener la propagación del VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades graves; disminuir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de agua potable; garantizar el medio ambiente; mejorar la vida de millones de personas que viven en tugurios; adoptar políticas de desarrollo sostenible y fomentar la asociación mundial para el desarrollo.

Estas proyecciones de la ONU se han visto detenidas por la crisis del sistema capitalista que iniciada en Estados Unidos en 2008 afecta a numerosos países y se extiende a los campos de las finanzas, economía, inversiones, inmobiliaria, alimenticia y ambiental.

A lo anterior se suman las políticas neoliberales, de privatizaciones masivas y de globalización irracional impuestas a muchos países por las naciones desarrolladas a través del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que provocan la concentración de capitales en manos de unas cuantas personas en detrimento de la mayoría.

Las Naciones Unidas detallaron en un reciente informe que el 1 % de los más ricos del planeta posee el 40% de la riqueza global, mientras que la mitad más pobre solo es dueña del 1%.

Una de las últimas campañas contra la Revolución Bolivariana para tratar de denigrar el sistema social escogido por el gobierno del presidente de la República,Hugo Chávez, fue la caída del -2 % del Producto Interno Bruto en 2009, motivado por la crisis mundial capitalista y la abrupta baja de los precios del petróleo, principal rubro exportable de la nación.

El PIB, según las normas impuestas por entidades económicas y financieras occidentales, representa la suma de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un año, pero la riqueza generada que se realiza dentro de esa medición no es completa.

Para el Premio Nobel de economía, el estadounidense Joseph Stiglitz, los instrumentos de medida del crecimiento “solo compensan a los gobiernos que aumentan la producción material y no el bienestar”.

Tras una solicitud para analizar ese índice que le pidió el presidente francés, Nicolás Sarkozy, Stiglitz puntualizó que entre los economistas existe desde hace tiempo un “fuerte sentimiento de que el PIB no es un buen instrumento de medida, pues no calcula adecuadamente los cambios que afectan el bienestar, ni permite comparar adecuadamente el bienestar en los diferentes países”.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) después de varios años de discusiones, aceptó sin reservas la fórmula diseñada por Cuba para medir su PIB.

Desde 2003 Cuba incluyó en sus cálculos de crecimiento los servicios gratuitos, subsidios y otros beneficios sociales, basada en que la metodología de la agencia de Naciones Unidas para medir las cuentas nacionales mostraban prejuicios hacia los países con economías que no eran de mercado.

El mismo parámetro se aplica a naciones que destinan una parte importante de su presupuesto a mejorar, física y mentalmente, el bienestar de su población.

Cuando se analizan los logros alcanzados en Venezuela desde el arribo del Presidente Chávez en 1999, resulta lógico que Venezuela marche delante de la mayoría de los países de la región en cuanto a su PIB y al cumplimiento de las metas del Milenio.

En breve síntesis, los programas sociales, a los que solo en éste año el gobierno asignó un presupuesto de 72. 851 millones de bolívares (45,7 % del total nacional) permitieron reducir la pobreza del 80 % en 1999 al 30 % en 2009, y bajar la pobreza extrema en el mismo período, del 17,1 % a 7,2 %.

En pocos años, Venezuela logró, con la ayuda de Cuba, declarar su territorio libre de analfabetismo, título reconocido por la UNESCO.

Numerosas y extensas son las más de 30 misiones sociales puestas a disposición de toda la población, que van desde los estudios gratuitos de primaria, secundaria, preuniversitaria y universitaria hasta la atención médica y especializada en todos los rincones del país.

En cuanto a la alimentación, la desnutrición de niños en edad escolar se ubicó en solo 3,7 % y la mortalidad en menores de cinco años se detuvo en 13 por cada mil nacidos vivos.

En los casi 12 años transcurridos, se han edificado miles de viviendas y se han llevado los servicios de electricidad, agua potable y alcantarillado a miles de hogares con mínimo costo para sus habitantes.

Cuestión fundamental para la consecución de estos beneficios fue la recuperación por el estado de las riquezas petroleras pues de esa forma la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) pudo obtener abultados dividendos y entregar en el lapso de 2001-2009 más de 57 mil millones de dólares a los programas sociales.

El desarrollo industrial y agropecuario se ha llevado a cabo para diversificar la dependencia de la industria petrolera, por lo tanto, se han creado nuevas empresas e industrias productoras de alimentos y bienes duraderos.

Son abundantes los resultados obtenidos por la Revolución Bolivariana, que no se pueden tapar ni con las fuertes campañas desinformadoras de los medios de comunicación capitalista.

La CEPAL se encargó de refutarlas cuando en su informe del 2009 significó que Venezuela está a la vanguardia en la superación de la pobreza y la desigualdad en América Latina y el Caribe. Es decir, una economía social exitosa.

fuente: abn.info.ve

Visita Cuba Canciller español

Moratinos fue recibido en el aeropuerto por el Canciller cubano

Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España, llegó en la noche de ayer a Cuba, para cumplimentar una visita de trabajo.

A su llegada al Aeropuerto Internacional José Martí, el diplomático español fue recibido por Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores (MINREX) y Manuel Cacho Quesada, embajador de la nación europea en La Habana.

Durante su estancia, que se prolongará hasta el miércoles, Moratinos sostendrá conversaciones con su homólogo cubano, y desarrollará otras actividades, informó el MINREX.

Esta es la tercera visita del titular español a Cuba desde que asumió ese cargo en 2004. Las anteriores se efectuaron en abril de 2007 y noviembre de 2009.

Con información de la AIN

España es el tercer socio comercial de Cuba, y las relaciones políticas y diplomáticas entre ambas naciones se desarrollan en un ambiente de cordialidad.

Los intercambios económico-comerciales de mayor importancia entre los dos países están relacionados con la administración hotelera y la importación de maquinarias y equipos industriales. Entre ambas naciones existen además históricos vínculos culturales.

fuente: cubadebate.cu

Crece en EEUU el debate sobre los asesinatos selectivos ordenados por el gobierno

Un camarógrafo de la agencia de noticias Reuters fue asesinado por un avión no tripulado estadounidense cuando el operador de la nave confundió los lentes de largo alcance del reportero con un lanzagranadas.

Con información de IPS

La administración de Barack Obama se esfuerza por justificar sus “asesinatos selectivos” contra ciudadanos estadounidenses sospechosos de terrorismo mientras crece el debate sobre la legalidad de estas operaciones.

No hay forma de reparar el daño. Un camarógrafo de la agencia de noticias Reuters fue asesinado por un avión no tripulado estadounidense cuando el operador de la nave confundió los lentes de largo alcance del reportero con un lanzagranadas.

A pesar de estos riesgos y del peligro que suponen los ataques para población civil inocente, las autoridades contraterroristas del gobierno de Obama siguen defendiendo el derecho de Washington a identificar como objetivos a ciudadanos estadounidenses considerados una amenaza para capturarlos o matarlos sin juicio previo.

El director del Centro Nacional Contraterrorista, Michael Leiter, citó como ejemplo el peligro que supuestamente supone el clérigo Anwar al-Awlaki, vinculado con la red radical islámica Al Qaeda.

Al-Awlaki, de 39 años, nació en Las Cruces, en el meridional estado de Nuevo México. Es un conferencista internacional con ciudadanía doble, estadounidense y yemení.

Este líder espiritual y ex imán habría inspirado con sus opiniones a peligrosos terroristas islámicos. Se dice que a sus sermones acudían tres de los atacantes suicidas que perpetraron los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.

Leiter no dijo claramente si Al-Awlaki se encontraba en la lista de objetivos, pero otros altos funcionarios de Washington han confirmado que efectivamente el clérigo está en la mira.

Gran parte del debate sobre estas ejecuciones extrajudiciales se ha centrado en el hecho de que violan la Constitución de Estados Unidos, pero expertos insisten en que también se debe subrayar que infringen las leyes internacionales de la guerra.

“Estos asesinatos políticos o selectivos, también llamados ejecuciones extrajudiciales, son realizados por orden de un gobierno, y a veces incluso sin conocimiento de éste, fuera de cualquier marco legal”, dijo Marjorie Cohn, ex presidenta de la Asociación Nacional de Abogados.

La experta citó un informe de 1998 de la Organización de las Naciones Unidas señalando que “las ejecuciones extrajudiciales nunca podían ser justificadas bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en tiempos de guerra”.

“El asesinato premeditado es una grave violación a las Convenciones de Ginebra”, añade el informe.

Cohn sostuvo que la situación se agrava considerando que Estados Unidos no está formalmente en una guerra.

Por su parte, Daphne Eviatar, de la organización Human Rights First, explicó a IPS: “El problema con el programa de aviones no tripulados del gobierno es que no le ha dado al público la suficiente información para determinar si está cumpliendo con los requerimientos legales”, indicó.

“El hecho de que alguien sea objeto de sospechas de tener vínculos con Al Qaeda o apoyar Al Qaeda no lo hace miembro de una fuerza extranjera que lucha contra Estados Unidos, o alguien que participe directamente en hostilidades contra” intereses estadounidenses, añadió.

“Mientras Estados Unidos no provea información, no sólo sobre a quién están tomando como objetivos sino sobre qué evidencia existe para que esa persona sea tomada como tal, no podremos saber si lo que estamos haciendo es legal”, añadió.

En tanto, el abogado constitucionalista Scott Horton, colaborador de la revista semanal Harper’s, dijo a IPS que existían dos formas “en las que el gobierno podía justificar el asesinato extrajudicial de un ciudadano estadounidense”.

“Una es cuando la persona está en el acto mismo de cometer un delito que pone en riesgo la vida de otros, o los puede herir gravemente, y no hay otra forma de detenerlo. La otra es en el contexto de una guerra”, explicó.

“La administración de Obama parece pensar que el segundo caso es aplicable a Al-Awlaki, pero si tiene la evidencia para demostrarlo, ciertamente no se la ha presentado al público”, indicó.

Y aun si contara con esa evidencia, añadió, “no ha explicado por qué no simplemente lo arrestan y lo traen para que responda por las acusaciones basadas en los crímenes que ellos creen ha cometido, que al parecer incluyen actividades terroristas y quizás traición”.

“Obviamente necesitan explicar por qué eso no funcionaría y por qué deben lanzar bombas con riesgo de matar a decenas de civiles inocentes para poder asesinar a Al-Awlaki”, señaló Horton.

El coronel Morris Davis, ex fiscal en jefe para casos de terrorismo del Departamento de Defensa, llamó la atención pública cuando afirmó que el sistema de justicia militar se había corrompido por la política y por la influencia inapropiada de altos funcionarios del Pentágono.

“La quinta enmienda establece que los ciudadanos estadounidenses no pueden ser ‘privados de la vida, de la libertad o de la propiedad sin el debido proceso de la ley’”, explicó a IPS.

“Si la Constitución prohíbe al gobierno sacarte tu casa sin una audiencia previa y sin darte la oportunidad de defenderte, parece un poco irónico que pueda sacarte la vida con aun menos formalidad y menos proceso previo”, añadió.

El profesor Francis Boyle, de la Universidad de Illinois, tiene serias críticas al programa del gobierno de Obama de con aviones no tripulados.

“Lo que se propone aquí con Al-Awlaki y otros ciudadanos estadounidenses en la ahora abiertamente admitida lista de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) es un asesinato, una ejecución extrajudicial, una grave violación a su derecho a la vida, a los derechos humanos y a la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos”, dijo a IPS.

fuente: cubadebate.cu